Farith Simon

Pedófilos

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Desde 1990 conocemos la dinámica y dimensión del abuso sexual a niños y niñas en Ecuador. Defensa de los Niños Internacional, organización responsable de las dos investigaciones -más amplias- que tiene el país sobre el tema, dio cuenta de su extensión: 3 de cada 10 niños y niñas habían sufrido alguna forma de abuso. 8 de cada 10 abusadores eran sus conocidos o familiares. En el 2009, una nueva investigación, ubicó el abuso en un 21 %. Se confirmó que los perpetradores –casi todos- son personas en las que confían las víctimas, de hecho, un 40 % reconocía quererlos. La mayoría hombres, personas consideradas “normales”, con vidas regulares.

Los abusadores aprovechan de la cercanía con sus víctimas, les “incentivan” con regalos, presentan al abuso como un juego, una actividad “especial”, suele empezar con actividades poco invasivas, hasta llegar a tocamientos y a la penetración. Todo rodeado de secreto, miedo, amenazas y chantaje.

Las víctimas tienen que vivir, además del infierno del abuso durante su niñez y adolescencia, marcados para siempre por el dolor, el sufrimiento y la vergüenza por lo sucedido. Se culpan, convencidas de que provocaron la situación o que de alguna forma se lo merecían. Se sienten traicionadas y suelen quedarse con la idea de que son una “cosa dañada”. Muy pocas reciben ayuda, la mayoría prefiere guardar el secreto.

¿De qué se aprovechan los abusadores? ¿Por qué es difícil salir de una situación de abuso? ¿Por qué los abusos masivos y continuados en centros educativos? Algunas respuestas se corresponden a la forma en que educamos a los más pequeños, les enseñamos que los adultos siempre tienen la razón, no les trasmitimos la idea de la necesidad del respeto a su cuerpo, a diferenciar contactos indebidos, a conocer su sexualidad, que toda actividad que les cause incomodidad debe ser informada, sin importar quien la provoque. A su vez, por principio los adultos deben creer lo que les dicen los niños y niñas, a partir de allí proteger, investigar, sancionar y reparar.

El abuso sexual no es nuevo en el país, pero lo que estamos viviendo es una evidencia de la inacción de las autoridades, de la omisión de los directivos del sistema escolar y de los encargados de investigar las denuncias, así como una clara ausencia de prevención, sistemas de apoyo y vigilancia. Un problema viejo, agravado por estos diez años en que se desmontaron los pocos sistemas que existían, estatizando todo, politizando el sistema de justicia, con sospechas de actuación corrupta de parte de autoridades y fiscales que archivaron casos dramáticos.

No es la revolución ciudadana responsable de que existan pedófilos y abusos, pero sus años en el poder les hace responsables por la creación de redes de protección a sus cercanos y del desmantelamiento de la institucionalidad para enfrentar al abuso sexual. Costará superar lo sucedido y reiniciar un trabajo que se frenó por un moralismo carca, una vanidad sin límites y una manifiesta incompetencia.