Farith Simon

¿Quién piensa en los hijos?

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En el discurso nadie pone en duda que niñas y niños tienen derecho a mantener contacto con sus dos progenitores cuando estos viven separados, que son ellos –el padre y la madre- los que deberían acordar las condiciones de las relaciones con sus hijos, que su preocupación central debería ser para garantizar lazos afectivos duraderos, estabilidad emocional, la satisfacción de necesidades materiales y emocionales y un entorno seguro. Se entiende que los progenitores están en mejor posición para tomar esas decisiones, que son los que mejor conocen sus necesidades, particularidades y que son capaces de atender esos intereses. La intervención estatal debería ser excepcional, las autoridades únicamente deberían tomar decisiones -en lugar de los progenitores- cuando estos no puedan ponerse de acuerdo o cuando lo acordado sea claramente perjudicial para sus hijos.

En la práctica nuestra legislación en materia de tenencia, visitas y alimentos promueve la intervención estatal, el litigio y, como consecuencia, la separación física y afectiva de niños y niñas con uno de sus progenitores. Las normas legales que dan una preferencia a la madre en el cuidado de hijos e hijas menores de 12 años, aquellas que únicamente permiten la asignación de la custodia solo a uno de los padres seguida de la injusta forma de fijación de pensiones alimenticias, vulneran de forma palmaria los principios de interés superior del niño y de corresponsabilidad de los progenitores.

La mayoría coincide en el valor e importancia de estos principios, se los repite hasta el cansancio, sin embargo al determinar su contenido específico las respuestas reflejan claramente los prejuicios y estereotipos que existen. Un círculo vicioso, lo normativo alimenta los prejuicios sociales, estos, sostienen a lo normativo.

Tomar en serio los derechos de la niñez implica rechazar respuestas estereotipadas, la legislación debe contribuir a que solucione caso a caso, que intervengan especialistas, que se promueva los acuerdos y no el litigio, que se considere las consecuencias. Que debe promoverse la corresponsabilidad en el cuidado, en la crianza, pero que no siempre es posible, que siempre hay corresponsabilidad económica; que chicos y chicas deben participar en las decisiones que afectan sus vidas. Cada caso debe ser asumido con seriedad y profundidad. No debe traducirse en procesos tediosos, largos, demorados porque un elemento central es la noción de tiempo que tienen los pequeños, muy diferente a la de los adultos.

Debería castigarse a tramposos y abusivos, a quienes usan a los hijos para extorsionar, a los que impiden que estos tengan una relación fluida con sus seres queridos, a los que incumplen con sus obligaciones.

El debate público a partir del caso Valencia dejó en claro que estamos lejos -como sociedad- de entender que en este tema lo más importante es el bienestar de niñas, niños y adolescentes porque ellos son los más vulnerables pero además nos retrató como machistas, sexistas y homofóbicos.