Farith Simon

Sonríe: el Estado te espía

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Quedan pocas dudas de que todos los Estados vigilan a sus ciudadanos. Unos pocos lo hacen guardando ciertas formas. Entienden que esto afecta derechos y por ello lo hacen excepcionalmente: no ejecutan vigilancias masivas, las actividades de seguimiento se limitan a personas específicas y a aspectos concretos, ya que para hacerlo se requiere una ley que lo permita, se debe contar con autorización judicial o similar, que se emita por considerarse necesaria para alcanzar algún objetivo legítimo en una sociedad democrática.

En días de tecnología, buena parte de nuestras actividades se realiza, o se registra, en sistemas informáticos; en la red compartimos ideas, buscamos información, investigamos, realizamos solicitudes.

Parte de esa información se encuentra disponible de forma más pública en las redes sociales; sin embargo, tenemos el derecho a que el Estado no las supervise, respete nuestra vida privada, del mismo modo que en el mundo real esperamos que los funcionarios no ingresen a nuestra casa a revisar qué libros o artículos leemos, las noticias que difundimos, lo que buscamos en una enciclopedia o en un diccionario, qué fotografías enviamos a nuestros amigos, qué decimos en nuestras cartas, qué transacciones bancarias realizamos.

Existe una tensión permanente entre la vigencia y respeto de los derechos y la posibilidad de que, en algunos casos, esos derechos sean limitados de forma legítima por parte del Estado cuando se cumple con el llamado ‘test tripartito’ (reserva de ley, medida proporcional y necesaria a un fin legítimo); pero cuando se espía con una motivación política (siempre enmascarada en el argumento de la protección del orden público), además de afectar derechos individuales (como la privacidad, protección de la correspondencia, vida familiar) tiene un impacto significativo en la vida democrática.

El monitoreo condiciona e inhibe el desarrollo de nuestros proyectos, de nuestra legítima expectativa de llevar nuestra vida sin intromisiones. La vigilancia estatal debe considerarse como una vulneración a derechos, lo que puede ser más grave aún en contextos donde las autoridades consideran el descontento, la crítica, la protesta, como parte de una estrategia de desestabilización: toda persona disidente se encuentra en riesgo.

Riesgo que crece cuando las entidades encargadas de investigar actos ilegales y controlar al poder parecen considerar ‘normal’ la difusión de conversaciones o intercambios privados; no se perturban al conocer la divulgación de correos o mensajes privados o al conocerse información sobre un posible contrato entre el Estado y una empresa internacional privada, que permitiría contar con medios tecnológicos para interferir computadoras y vigilar actividades en línea.

Frente a la información sobre la empresa Hacking Team, la estrategia gubernamental parece inspirada en la letra del bolero Niégalo todo, algo que ya no extraña, como tampoco que las entidades encargadas de investigar estas denuncias miren a otro lado.

@farithsimon