Farith Simon

Lóbulo prefrontal

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El discurso oficial sobre los adolescentes ha sido errático y contradictorio.

En los primeros años de Gobierno –los del entusiasmo garantista- se incorporó a los mayores de 16 años como votantes voluntarios. En aquellos días se resaltaba su condición de sujetos plenos de derechos, su ciudadanía, su capacidad para aportar, participar en política, comprometerse con el país; que no pudiesen votar era visto como parte de las exclusiones históricas que en su momento afectaron a las mujeres, a los no católicos, a los indígenas o a los analfabetos. Así, los jóvenes fueron reconocidos en todo su potencial y capacidad, y se transformaron en miles de nuevos electores con ideas frescas e innovadoras, comprometidos con la refundación de la patria.

Para el movimiento que defendía la ciudadanización de los niños, niñas y adolescentes fue un gran momento. El discurso del protagonismo había superado la simple retórica. En este, como en otros temas, la agenda de ese movimiento fue recogida por el oficialismo; tan entusiasmados estaban, que los militantes de esa causa no repararon que la Constitución de 2008 significó el principio del fin de uno de sus logros más significativos: una institucionalidad especializada, descentralizada y –efectivamente- participativa de definición de la política pública.

El segundo momento vino de la mano de la crisis de seguridad cuando las estadísticas daban cuenta de que la mayor preocupación social estaba centrada en la inseguridad; los jóvenes fueron demonizados a partir de eventos puntuales, pese a que el número de delitos cometidos por ellos estadísticamente no era representativo, se promovió -desde el más alto nivel- la rebaja de la edad de imputabilidad ¿por qué tratar de forma diferenciada a quienes ya podían votar?

El Régimen revolucionario no se diferenciaba en nada de los discursos “seguritistas” de la derecha socialcristiana. La primera propuesta –oficial- de Código Orgánico Integral Penal contempló esa rebaja de edad de inimputabilidad; esto no prosperó gracias a la oposición que vino de dentro y fuera del Régimen. La defensa tuvo éxito parcial, los compromisos internacionales del Ecuador impidieron que los adolescentes mayores de 16 años fueran tratados como adultos en materia penal. Sin embargo, producto de este discurso, se enduró el Régimen de medidas socio-educativas.

Una tercera etapa vino de la mano del Enipla. Este programa se diseñó y ejecutó a partir del reconocer a los adolescentes como sujetos de derechos, con capacidad de ejercerlos -incluidos los derechos sexuales y reproductivos- de forma progresiva, de acuerdo con la evolución de sus facultades. A los progenitores, y no al Estado, les correspondía guiar a sus hijos e hijas para el ejercicio de los derechos.

Una nueva fase en la comprensión de la adolescencia se abrió con el “Plan Familia”; sus promotoras –como lo han declarado- parten del supuesto de la incapacidad delos y las adolescentes para tomar decisiones. Un lóbulo prefrontal inmaduro que el Estado va “a ayudar a madurar”. Burdo paternalismo estatal.