Farith Simon

Decisión cínica

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Nuestra burocracia lo tiene cada vez más claro, toda decisión debe justificarse en nombre de los derechos. No importa lo forzado del razonamiento o lo poco creíble del argumento, los funcionarios públicos saben que todo debe ser llevado a ese terreno, funciona como una suerte de mantra capaz de cubrir y/o sustentar cualquier decisión. Debe darles tranquilidad creer que no están ejerciendo poder sino garantizando derechos. Además, con el lenguaje de los derechos se facilita el trabajo del aparato de comunicación gubernamental, es mucho más sencillo descalificar a los insensatos que se oponen a medidas con fines tan loables.

El más reciente caso de uso de esta retórica es la Resolución Administrativa 0196, del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en la que se notifica la decisión unilateral de dar por terminado el comodato gratuito del local en el que funciona la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) desde hace 23 años. Es de esas resoluciones que al leerla da la impresión de haber sido escrita para sustentar una decisión tomada previamente y en otra instancia, una superior, por esto a los funcionarios no les queda otra opción que encontrar una justificación, una que sonará apremiante, urgente, indiscutible; algo que no se logra con argumentos exclusivamente normativos o de carácter administrativo.

No basta, en estos casos, citar un reglamento (como el de bienes del Sector Público) o un Código (como el civil), deben echar mano de la ‘munición pesada’. La decisión, además de sonar irrefutable, indiscutible, imperiosa, debe estar sustentada en algún derecho, y no en cualquier derecho, tiene que sonar a superior. ¿Puede existir algo de mayor peso que los derechos de niños, niñas y adolescentes? Por cierto, no de cualquier joven, sino de aquellos “sin referencia familiar, que han superado la etapa de crisis por desintoxicación”.

Una necesidad como pocas: jóvenes sin familia luchando contra su adicción y que requieren un lugar para vivir. ¿Podría haber destino más importante para el predio que usarse para la lucha contra las drogas? Frente a este interés, a esta necesidad, el derecho a la asociación, los derechos de los indígenas o los intereses de un movimiento social parecen reivindicaciones de menor importancia y urgencia.

No me parece que la decisión del MIES pueda ser calificada de racista, estoy seguro que no existe un trasfondo racial o étnico; esta parece una decisión política, una retaliación por el no alineamiento de la Conaie a las decisiones gubernamentales. Es una señal muy clara de la posición del Régimen frente a sus opositores. Efectivamente es un tema de derechos, pero no son los derechos de los jóvenes que dice el MIES defender. Una resolución cínica, otra de esas que pasará a la historia.