Fabián Corral

La ley como problema

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Que la Ley se haya transformado en un “problema” es, quizá, uno de los asuntos más significativos y graves que aquejan a las sociedades modernas, y es, sin duda, uno de los mayores peligros para las libertades. Ese fenómeno ha dejado dos grandes ganadores: el poder y la corrupción, y un gran perdedor, la persona. Hay varias causas que explican ese hecho, unas de orden político, y otras que tienen que ver con el desarrollo social, la tecnología y el descrédito de los valores que, por largo tiempo, sustentaron al Estado de Derecho.

1.- La “legalidad”, ¿un valor en decadencia?-  El “sentido de legalidad” fue, por largo tiempo, un referente fundamental de la sociedad y el sustento moral del ordenamiento jurídico. El sentimiento de respeto hacia las normas, su valoración social, el sometimiento a las reglas y una especie de veneración hacia el cumplimiento de las obligaciones, fueron signos distintivos de las sociedades civilizadas. Todo eso fue parte de la cultura y nota relevante de elites ejemplares que ya desaparecieron. El prestigio, alguna vez, y en muchos sitios, estuvo asociado con la pulcra sujeción a las leyes.

Sin embargo, hace algún tiempo ya, “el sentido de legalidad” perdió fuerza, y empezó a verse, y a sentirse, como escrúpulo disparatado, como prejuicio de ingenuos. Paralelamente, aquello de la “letra colorada de la ley” ganó espacio y en asocio con el pragmatismo, y con el cinismo, que apuntan a “buscar soluciones y no consejos éticos”, se extendió a abogados, empresarios, trabajadores, jueces, y, por cierto, a personajes políticos, hasta transformarse en un modo de ser, en un estilo de triunfadores que ha encontrado no pocos talentos a la hora de encubrir y justificar la pura y simple trampa con teorías jurídicas, ideologías al uso, habilidades, “sapadas” y hasta con sesgos catedráticos.

2.- La expansión del poder político.-  La legalidad, el Derecho, siempre fueron adversarios del poder. Las leyes justas, bien hechas y mejor interpretadas y aplicadas, fueron, por largo tiempo, linderos efectivos que marcaban los límites del Estado, que fijaban responsabilidades y tareas, que establecían con rigor la distinción entre lo prohibido y lo permitido. El mejor ejemplo es el “principio de tipicidad” en lo penal y en lo administrativo, que ayudó a eliminar la arbitrariedad, a garantizar cierto grado de seguridad jurídica y preservar la vigencia de los derechos individuales. La ley -si existe autonomía legislativa e independencia judicial efectiva- fue un estorbo para el poder político, de allí que la primera medida de los autoritarios ha sido, y es, modificar la Constitución, crear sistemas legales ad hoc, propiciar jurisprudencias “útiles”, legislar por vía reglamentaria y domesticar a los jueces. Y propiciar y apoyar teorías que menoscaban la precisión de ley escrita y la suplantan con interpretaciones, doctrinas y sistemas vaporosos, siempre el servicio del poder y suficientemente flexibles como para acomodarse a las circunstancias y a los intereses de ocasión. Los casos abundan en la historia reciente.

3.- La superabundancia de normas y su calidad.- El ordenamiento jurídico está conformado por cientos de miles de normas, decenas de leyes y códigos orgánicos, toneladas de decretos, montañas de reglamentos y resoluciones, infinidad de acuerdos ministeriales, ordenanzas, oficios, circulares y páginas web. Además, la norma jurídica sencilla, la que traduce objetivamente los derechos de las personas, la que regula sus reclamos, la que articula con claridad los procedimientos, ha sido suplantada por un océano de enunciados, requisitos, latinajos, precedentes, anuncios y doctrinas que han enturbiado el mundo jurídico, y han convertido el ejercicio de las libertades en un laberinto procesal donde campea la incertidumbre, la discrecionalidad, el argumento escondido, y las infaltables interpretaciones y ocurrencias.
A esto se suma la mala calidad de las normas, las “inspiraciones” en sistemas extranjeros a veces incompatibles (los inefables enlatados), la “oralidad escrita”, el estropeo del idioma, las declaraciones de principios, los larguísimos considerandos, las cargas ideológicas y hasta poéticas que obscurecen la legislación. Y se suma también la sistemática delegación legislativa a ministros, funcionarios, agencias y entidades de la más diversa clase. Y no es extraño que se “interpreten” las normas por vía de página web.

4.-La ignorancia de la Ley.- Pese a la diversidad de medios electrónicos disponibles, la complejidad y abundancia y, en ocasiones, la incoherencia del régimen normativo y de la jurisprudencia, y la afectación a principios como el de legalidad, irretroactividad y estabilidad jurídica, contribuyen a obscurecer de tal modo el panorama que el viejo e indispensable presupuesto del conocimiento de la ley por todos los habitantes del territorio, se hace cada vez más utópico. El Derecho se va convirtiendo en un laberinto, y los juicios en escenarios donde sobre la formalidad procesal, impera la incertidumbre.
De este modo, el principio de seguridad jurídica que consagra la Constitución, y que alude a la vigencia de la ley y a su aplicación por las autoridades competentes, se ha convertido en una utopía. Semejante hecho contribuye al descrédito del sistema democrático, a la constante devaluación de las instituciones, a la falta de fe en la autoridad y a la creciente tentación de incurrir en la informalidad.

5.- Una cátedra necesaria.-Las universidades deben asomarse a la realidad y crear una cátedra donde se estudie el fenómeno del “descrédito de la ley” y sus soluciones, que comienzan con una profunda transformación de la profesión. Por un doloroso pero necesario realismo y por una constante voluntad de cambio.