Enrique Echeverría

Justicia apresurada

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Otro caso, entre varios, lleva a meditación de los operadores de justicia a no actuar apresuradamente iniciando juicios penales en los que –a la larga- queda en claro que los imputados no habían obtenido un solo centavo en su favor, ni de terceros, pero debieron vivir alrededor de una década bajo el temor de una sentencia condenatoria; o, peor, con una orden de prisión preventiva siempre vigente.

El caso más reciente es de la Mutualista Benalcázar, de Quito. Se apresuraron a implicar en juicio a 11 directores y administradores; mientras la Mutualista fue cerrada y varios proyectos inmobiliarios en marcha se detuvieron; y, al paso que camina la liquidación, podrían terminar en envejecimiento e inutilidad.

Esta Mutualista inició su labor en una oficina de la av. 10 de Agosto. Era una novedad. Su primer gerente, el Lcdo. Guillermo Moreano Paz, desplegó actividad eficaz y como en Quito nunca faltó la “sal”, dijeron que en su afán de interesar a los ciudadanos para que adquieran crédito y tengan casa propia, la Mutualista ofrecía que al final, gratuitamente, le obsequiarían un perro para que la cuide.

Bajo la égida del primer presidente señor Pierre Hitti Raad, prosperó y no fueron extraños los casos en que cuanto una pareja joven no alcanzaba a reunir la totalidad de la cuota inicial, él les obsequiaba de su propio bolsillo la diferencia. Más tarde, la entidad fue dirigida por el señor Mentor Villagómez, entre otros; y ocupó el primer lugar en el país.

Corría el año 1998. Era ministro de Economía el señor Jorge Gallardo Zavala. Estaba en Washington renegociando la deuda externa. En su ausencia, desde la Superintendencia de Bancos surgieron informes que determinaban que se había cometido delito de peculado en el Banco del Pacífico.

Incluyeron en el juicio también a siete personas que soportaron, igualmente, el sufrimiento que acarrea una acción de esta clase y los perjuicios económicos que se derivan de la imposibilidad de trabajar y producir.

Al final, la Corte Nacional los juzgó; y al ratificar la inocencia de todos ordenó que los funcionarios que emitieron los informes o presentaron la denuncia con los que se inició el proceso, dispuso su enjuiciamiento penal… “todos ellos dijeron que nunca tuvieron acceso directo a las fuentes que era la contabilidad del Banco del Pacífico”… “y al contestar a los interrogatorios formulados por los abogados defensores de los imputados sus respuestas fueron evasivas …“sus informes contienen datos inexactos, falsos y alterados que han tratado de inducir a engaño a este órgano judicial de administración de justicia”… etc., dice la sentencia absolutoria.

¿Quién responderá a los afiliados de la Mutualista a quienes se les debe 19 millones de dólares? ¡La “justicia” no es instrumento para llenar cárceles, menos por pasiones políticas!