Enrique Echeverría

¿Justicia rápida?

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 7
Triste 1
Indiferente 0
Sorprendido 2
Contento 25

La exageración, por principio, no trae los frutos deseados. Estamos ante el problema de la lentitud, en ocasiones angustiosa, de los trámites que agobian al ciudadano y esa experiencia no debe llevarnos al otro extremo: abreviar los trámites de tal manera que no se cumpla lo que se propone corregir.

Esta cuestión en la justicia tiene valor sobresaliente. Con toda razón, nos quejamos de la lentitud de los trámites en los juicios y, acertadamente, hemos tomado el camino de la oralidad, que está en plenitud de vigencia y operación en el ramo penal.

La experiencia diaria determina que, en muchos casos, el trámite oral demora tanto como el escrito; y no por culpa de la ley, sino por las limitaciones de los funcionarios a quienes se los califican de “operadores de justicia”. Para la cantidad de casos que llegan a las fiscalías, el número de fiscales que deben atenderlos es claramente insuficiente.

No nos alarmemos, por lo mismo, que una indagación previa demore mucho más de un año, pero no por la prisa pueden darla por terminada sin que la investigación haya acumulado suficientes elementos de convicción para que puedan adoptar decisiones acertadas.

El fiscal cuenta con apoyo de la Policía Judicial, pero el personal particularmente de peritos es tan escaso que no puede atender tanto pedido.

Ahora estamos ante la posibilidad de que un nuevo Código de procedimientos en materia civil, busque reducir los plazos del trámite en ese sector, como se dice a meses, en lugar de años.
Un juicio ordinario sirve para establecer la existencia de derechos, pero los contendientes deben afrontar trámites complicados. Por ejemplo: si al presentar una demanda respaldada con escritura pública, el demandado advierte que las firmas de la escritura son falsificadas, el juez tiene que ordenar pericias grafotécnicas. ¿Cuánto demora esa diligencia? Si se dispone que los peritos sean solamente de nombramiento y con remuneración muy escasa por su trabajo, los jueces hallarán dificultad para dar curso rápido al proceso.

Y si sobre este panorama de dificultades, el juez sería sancionado porque no ha despachado tal número de juicios, para complacer deberá emitir sentencia con lo que tiene a la mano; y así la justicia quedaría sacrificada.

Mediten bien los propugnadores de cambios: pidan información a jueces que están trabajando cada día, para que tengan un criterio de lo que acontece en la realidad.

En esa realidad del día por día, en materia de justicia, una comprensión es la que consta en la letra de la ley; pero su aplicación, si se quiere acierto para no sacrificarla, es diferente; requiere experiencia en administración de justicia; o, al menos, asesoría de quienes están atendiendo trámites, impugnaciones, ejercicios del derecho de defensa, para quese cumpla un “debido proceso” sin provocar indefensión.