Los ríos de Quito, Machángara, Monjas y San Pedro, reciben las aguas servidas que se generan en el Distrito Metropolitano. Quito tiene un sistema de alcantarillado mixto, que no separa las aguas lluvias de las servidas. El caso del Machángara es el más crítico por el volumen que recibe, el 70%. Y el Monjas, el 20%.
Por eso es fundamental recuperar los ríos, evitando que las servidas vayan a su cauce, contaminado en grados extremos.
Es una obra de largo plazo y que requiere, a más de la separación de las aguas, de plantas de tratamiento que, según los técnicos, deben estar a lo largo de su recorrido, porque la inversión en una sola planta al final requiere de una inversión tan grande, que hace muy difícil su construcción.
El Fondo de Preinversión, que realiza los estudios para la empresa municipal, difundió hace un tiempo la noticia de que se requerirían entre 200 y 600 millones de dólares, lo que da una idea de la magnitud de la obra.Pero como por algo hay que empezar, en la administración del alcalde Moncayo, la Corporación Municipal Vida para Quito inició la construcción de interceptores desde Caupicho, donde nace el Machángara, hasta El Trébol, para evitar que las aguas servidas, en ese tramo, vayan al río. Falta el tramo desde la Raya al sur, que la administración municipal del alcalde Barrera interrumpió. Abandonó los trabajos por cinco años, lo mismo que en el río Monjas, donde faltaba la construcción del Tramo Común para entrar en servicio.
Hace cuatro años habría estado en servicio toda la red de colectores e interceptores ya construidos, que impiden que las aguas servidas vayan al Machángara en ese tramo, la zona más poblada por donde recorre. Lo mismo en el Monjas. Los habitantes de Quito del sur al centro y los del norte no estarían cohabitando con la contaminación. El sentido común obliga a que una obra que requiere una inversión tan grande se construya poco a poco, porque si no, no se hace nunca.
No existe conciencia sobre el costo que implica que las obras iniciadas o terminadas, no se concluyan y no se utilicen. Costo económico, por los recursos empleados en su construcción, por el tiempo que tardó su ejecución y por la implicación financiera que todo eso tiene, y costo social porque las obras que se concibieron, planificaron y construyeron con propósitos específicos, de interés público, no prestan el servicio para el que fueron realizadas.
Este es un asunto de salud pública. El alcalde Rodas debe instruir a la Empresa de Agua Potable la terminación de esos tramos, interrumpidos por el irresponsable complejo refundacional que afecta a la política ecuatoriana. Los estudios existen, fueron realizados por la Emaapq, a cargo de quien están ahora todas las obras después de la inconveniente liquidación de Vida para Quito y su costo es mínimo en relación con lo invertido ya y con el beneficio que prestará en un año.