Andrés Vallejo

La inutilidad de ciertas cosas

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El ser humano razona para actuar en la generalidad de los casos. Toma acciones que le convienen o favorecen y evita las que le perjudican. ¿Por qué hace a veces lo contrario? ¿Por qué en lugar de actuar racionalmente se equivoca y perjudica sus propósitos?
Cuando confluyen circunstancias alejadas de lo normal, es fácil que los gobernantes pierdan la sensatez y se equivoquen. La imposición de la ley que modifica la tributación en las herencias es el típico caso de inutilidad de la acción tomada.

Partiendo de la base de que no persigue incremento de los ingresos fiscales, como lo sostiene el gobierno del presidente Rafael Correa, qué sentido tiene que en un momento de serias complicaciones económicas, que han llevado al régimen a acercarse al sector privado en busca de compensar las inversiones que el Gobierno no podrá hacer por la baja del precio del petróleo, tome una medida que a más de no rendirle ingresos aleja la posibilidad de entendimientos positivos y legítimos.
¿Qué es más importante en este momento de reducción de la actividad económica? ¿Mantener la buena relación que parecía existir con un sector productivo que aunque ha gozado de las mayores ganancias durante los dos últimos períodos, ha mantenido desconfianza e incertidumbre tanto por las proclamas agresivas como por las frecuentes reformas legales, o imponer una reforma que les hace sentirse agredidos, más aún si la esencia de la misma está en el propósito manifestado de afectar a las empresas familiares, que son el 80% de las productivas en el Ecuador?

La situación económica es complicada. Por más piruetas que haga, no podrá el Gobierno Nacional mantener el nivel de gasto de los últimos años, lo que traerá inevitable disminución de la actividad económica, reflejada ya en la revisión de las cifras de crecimiento para este año a 1,9% por el Banco Central.
¿Por qué complicarse más la vida con reformas tributarias que no abonan a un mayor crecimiento económico ni tributario? Peor cuando ante las protestas, el Gobierno envía otro proyecto, el de la plusvalía, que al margen de su justicia o conveniencia, contribuye al mal clima existente y será interpretado como un desafío.

En los regímenes democráticos, en los que la separación de poderes activa un equilibrio de pesos y contrapesos, se hace indispensable reflexionar sobre los pros y los contras de las acciones, porque esa separación de poderes conlleva fiscalización y rendición de cuentas, lo que hace necesario poner en la balanza no solo la legalidad de las acciones a tomar, sino la implicación global de las mismas.

Cuando hay concentración del poder, ese equilibrio no funciona y los límites naturales dejan de existir, con lo que la posibilidad de equivocarse se incrementa.

Esa negativa realidad explicaría el cúmulo de equivocaciones y acciones inútiles en que incurre el Gobierno en los últimos tiempos.

Columnista invitado