Andrés Vallejo

Corruption papers

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En mayo de 2016, el gobierno se mostró feliz por la aparición de los Panama Papers. “No hay ningún funcionario del gobierno que tiene nada escondido…se ha demostrado que el gobierno del Ecuador es uno de los más honestos del mundo” declaró Alexis Mera en Ecuavisa.

Se satanizó el caso como la demostración de que los ricos evadían el pago de impuestos y escondían dineros mal habidos, lo que puede ser cierto, pero es menos grave que si lo hacen funcionarios públicos.

Poco después empezó a develarse la corrupción en Petroecuador en relación con las obras de repotenciación de la Refinería de Esmeraldas: funcionarios responsables de los contratos aparecieron en la investigación periodística. El involucramiento llega al ministro Pareja Yannuzzelli, señalado hace muchos años como eje de intereses particulares por el entonces almirante Arellano, ahora embajador en Chile, a pesar de lo cual fue encumbrado a Ministro.

La corrupción en esas obras era vox populi. Solo las autoridades lo ignoraban. Es que es imposible que no haya corrupción en un contrato cuyo presupuesto inicial era de 200 millones de dólares y termina en 1.200 millones, seis veces más.

Es inadmisible y al menos sospechoso, que no se justifiquen las obras realizadas con presupuestos multimillonarios, la mayoría adjudicadas bajo regímenes especiales de contratación, que terminan costando muchas veces más que los valores originales, como Coca-Codo-Sinclair o el sistema de almacenamiento de gas en Monteverde, y que los responsables públicos, como explicación, obliguen a rectificaciones diagramadas por las autoridades, que no explican nada y alimentan las sospechas, ahora fundamentadas.

Lo mismo pasa con las ventas de petróleo a empresas chinas, justificadas como contratos sin intermediarios por ser estatales, que en los documentos publicados en El Universo señalan, con nombres y apellidos, los presuntos intermediarios que recibirían montos escalofriantemente millonarios. Nadie creerá, ni siquiera en el gobierno, que esos negocios no tienen beneficiarios dentro de las instituciones públicas contratantes.

El Gobierno debería ser el primer interesado en que las cosas estén claras. A los altos funcionarios les conviene que no se sospeche corrupción como en la Refinería de Esmeraldas, sobre los que un manto de encubrimiento podría estar tejiéndose. Si no existe la decisión de trasparentar la realidad, esto debería explotar.

El periodismo de investigación es fundamental en la lucha contra la corrupción. Penetra en los intersticios de la actividad pública, para que se conozcan hechos que no son normales, que atentan contra el interés público, que no son fiscalizados por las autoridades. El periodismo de investigación es necesario siempre, más cuando la concentración de poder trae como consecuencia que se pueda hacer lo que a los gobernantes se les ocurra, inclusive de buena fe, porque nadie les contradice ni les pide cuentas.