Durante sus últimos años, el gobierno de Correa se negó a reconocer que el monto de la deuda pública ya había sobrepasado el límite máximo del 40 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB que establece la Constitución.
La negativa se justificaba con el argumento de que -según el ex presidente Correa- el Manual del Fondo Monetario Internacional permite no contabilizar la deuda que el gobierno central debe a otros sectores del Estado.
Ese argumento, no obstante, resulta visiblemente falaz por dos motivos: en primer lugar, porque un Manual de un organismo internacional no puede prevalecer sobre las leyes de un país que, desde hace más de una década, está siendo gobernado por un grupo político llamado Alianza País (“Patria Altiva i Soberana”) y, en segundo lugar, porque el referido Manual, en su artículo 9.19, más bien afirma lo contrario.
Es decir, que el gobierno está obligado a contabilizar todas las deudas que mantenga con otros sectores del Estado.
Pero en la actual encrucijada financiera del Ecuador, lo importante no son las normas legales -que pueden ser fácilmente cambiadas- sino la capacidad de pago que nuestro país tenga.
Esa capacidad, a su vez, es fijada por el porcentaje del ingreso fiscal que debe destinarse cada año para pagar el servicio (amortización más intereses) de la deuda.
Ese porcentaje en los primeros años del gobierno de Alianza País, no superaba el 10 por ciento; pero por el excesivo endeudamiento que el gobierno emprendió en el año 2014 para tratar de compensar la caída en el precio del petróleo, dicho porcentaje empezó a crecer verticalmente alcanzando el 45 por ciento en el 2016 y, es probable, superará el 50 por ciento a fines de este año.
El problema que se avecina, entonces, es visiblemente crítico: una cifra mayor al 50 por ciento, implica que el gobierno tendrá que consignar al pago de la deuda una cantidad superior que la que destine a pagar todos sus demás gastos; incluyendo los costos de educación, salud, seguridad, vivienda, bienestar y desarrollo social, subsidios y programas especiales para grupos vulnerables, entre los que actualmente sobresalen los de vivienda gratuita, el plan toda una vida y el bono de desarrollo humano.
En otras palabras, si el gobierno no logra reestructurar su deuda antes de fin de año, a partir del mes de enero del 2018 tendrá que empezar a pagar a sus acreedores una cantidad mayor que la que se destina al desarrollo económico y social de nuestro país.
Es decir, estará agudizando nuestro actual subdesarrollo.
En consecuencia, empezar a preparar un programa económico que posibilite proponer a los acreedores un plan para perfilar la estructura de la deuda en base a mayores plazos y menores tasas de interés, es la tarea más urgente que hoy debería emprender el gobierno.