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DD.HH. y Banca multilateral

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Más de 150 organizaciones no gubernamentales (ONG) de todo el mundo solicitaron a los organismos multilaterales de desarrollo que se aseguren de que los beneficiarios de sus préstamos respeten los derechos humanos en sus proyectos.

Las 154 ONG, agrupadas en la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, señalan que el Banco Mundial o el Banco Europeo de Inversiones suelen trabajar con gobiernos y empresas que realizan grandes proyectos en el Sur en desarrollo. Por ejemplo, bancos holandeses, finlandeses y centroamericanos financiaron la represa Agua Zarca, en Honduras, contra la que protestó la activista ambiental Berta Cáceres y por lo que fue asesinada.

Organizaciones como Human Rights Watch y Oxfam consideran que la banca también tiene responsabilidad cuando se abusan los derechos de poblaciones locales para facilitar la concreción de los proyectos. Las ONG quieren que los bancos de desarrollo defiendan los derechos humanos en las regiones en las que financian proyectos. La nueva petición señala que la organización “Global Witness identificó a 2015 como el peor año registrado por homicidios de defensores de la tierra y ambientales, con 185 muertes en 16 países”.

El caso de Berta Cáceres no es una excepción. La bloguera etíope Soleyana Gebremichael habló de la situación en su país de origen, en una conferencia de prensa celebrada el jueves 14.

“Durante los últimos 10 años se ha achicado el espacio de la sociedad civil. Etiopía promulgó dos leyes en 2009, la primera sobre la sociedad civil y el segundo sobre el antiterrorismo”, informó.
La primera ley “básicamente limita las actividades de las organizaciones de la sociedad civil a través de la limitación de sus recursos”, sostuvo.

Gebremichael, que recibió el Premio Internacional de la Libertad de Prensa junto con sus compañeros del blog Zone 9 en 2015, dijo que la banca multilateral debe colaborar con las organizaciones de la sociedad civil para mejorar los problemas, como una manera de trabajar con los gobiernos sin presionarlos directamente.

Los bancos suelen argumentar que hacen lo que pueden, según Jessica Evans, activista de Human Rights Watch. “En el caso de Uzbekistán, funcionarios del Banco Mundial nos han dicho que… le expresaron su preocupación al gobierno… sobre los ataques contra los defensores de los derechos humanos independientes que están atentos al trabajo forzoso y otras violaciones de los derechos humanos en la agricultura. Eso no tuvo ningún impacto en absoluto”.

Mandeep Tiwana, director de Política e Investigación de Civicus, culpa a los enredos entre la política y la economía.“Los Estados tercerizan cada vez más sus responsabilidades... Esto conduce a una mayor apertura hacia la corrupción debido a la colusión entre las élites. Las organizaciones de la sociedad civil, cuando intentan exponer estos vínculos corruptos… son atacadas”, observó.


Phillip Kaeding
IPS