2 de September de 2013 00:02

Colombia vs. rumbo económico

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El paro de actividades por tiempo indeterminado que el lunes 19 decretaron en Colombia camioneros, campesinos y trabajadores de la salud derivó en protestas callejeras en ciudades y, este jueves 29, en una huelga general en todo el país. En cuestión está el modelo económico.

Las protestas se generalizaron ante la represión del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad, la Policía antimotines), que dejó por lo menos dos campesinos manifestantes muertos y más de 250 detenidos.

Otro incentivo para la huelga, según analistas, fue el intento del presidente Juan Manuel Santos de minimizar los alcances de la movilización y de relacionarla con las guerrillas izquierdistas.

Llamativamente, acusado de financiar a la guerrilla, el domingo 25 fue capturado Húber Ballesteros, dirigente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) y uno de los 10 portavoces de la Mesa de Interlocución Agropecuaria Nacional (MIA), emergida tras el último levantamiento campesino de dos meses en la norteña zona de Catatumbo.

A partir de Catatumbo, la causa campesina ha sido la más visible y especialmente exacerbada en los centrales departamentos de Boyacá y Cundinamarca y en el sudoccidental Nariño, donde imperan los minifundios y la producción de papa, cebolla, leguminosas, hortalizas, maíz, leche y frutas.

Los labriegos protestan contra la importación de alimentos, que compiten a precios inferiores con los que ya produce el país, y se quejan del alto costo de los insumos y fletes.

En el centro de los cuestionamientos están también la imposición inconsulta de grandes proyectos mineros en regiones agrícolas y los tratados de libre comercio (TLC), especialmente una norma derivada, la Resolución 970, que eleva a delito resembrar con semillas registradas.

Todo se resume en la falta de una política para lo rural, remarca la MIA, que el 8 de este mes anunció el paro de actividades y presentó un pliego de peticiones sectorial. Este documento exige solución a la crisis que afecta al sector agropecuario, acceso a la propiedad de la tierra que se trabaja, reconocimiento de territorios campesinos, participación en las decisiones sobre política minera, garantías para ejercer derechos políticos e inversión social en el campo, incluyendo carreteras.

El paro de actividades prendió también en las ciudades a partir del domingo 25 tras conocerse, en fotos y videos difundidos a través de redes sociales por los propios labriegos con acceso a Internet, la represión del Esmad contra familias campesinas inermes, incluso ancianas y niños. Una misión de defensores de derechos humanos reportó supuestos disparos indiscriminados contra la población, heridos por bala de dotación, arma blanca o golpizas del Esmad e, incluso, supuesto abuso sexual y amenazas de violación a las esposas e hijas de los campesinos.

"Yo estaba cocinando para mis hijos cuando, en la ventana, vi a un agente del Esmad que, sin decir nada, rompió el vidrio y la lanzó hacia adentro. Salí corriendo para proteger a mis hijos", contó a la misión una mujer, refiriéndose al momento en que fue atacada con una granada de gas lacrimógeno.

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