Hacia el mundo, la decisión del pueblo colombiano parece sin sentido. Incomprensible. Es difícil entender cómo un pueblo diezmado por un conflicto de 52 años no está de acuerdo con la paz firmada con las FARC.
Pero las apariencias engañan. El resultado del plebiscito es una señal clara de que el gobierno de Juan Manuel Santos se equivocó. Fue incapaz de comprender, en toda su magnitud, el nivel de desencanto y frustración que experimentan la mayoría de los colombianos frente al acuerdo.
Durante estos cuatro últimos años se empeñó en sacar adelante el acuerdo, aún a costa de sacrificar y negociar aspectos sensibles como el judicial y político, otorgando claras concesiones a la guerrilla, que rayan en la impunidad.
Durante este proceso, la oposición que lideró el voto por el No se sintió excluida de las resoluciones. Si bien participó en los diálogos, sus observaciones no fueron
tomadas en cuenta.
El presidente Santos privilegió la política y entró en juego peligroso. Menospreció el factor humano, la condición de las víctimas, que no quieren más guerra pero tampoco merecen una paz incondicional, que no encuentre justicia.
Miles de esas víctimas viven en Ecuador. En un reportaje publicado el domingo por este Diario varios refugiados colombianos consultados ya alertaron su inconformidad y desconfianza con el acuerdo. Todos coincidieron en que no volverían a su país por miedo a retaliaciones de los grupos armados.
Esa sensación de inseguridad también impera entre los habitantes de la frontera norte y requiere ser advertida por el Gobierno ecuatoriano, que, tras la firma del acuerdo de paz, también se adelantó a anunciar que reduciría la inversión en la zona en un 80%.
Aunque el régimen colombiano sostuvo que seguirá con las conversaciones para sellar la paz, entramos en una etapa muy complicada. Y el rumbo que tome la negociación también tendrá un impacto en nuestro país.