A falta del pronunciamiento de la Corte Constitucional y con la aprobación en el poder legislativo el nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC es un hecho.
En esta ocasión y a diferencia de los cuatro años que tardaron las conversaciones en La Habana entre los delegados gubernamentales y los cabecillas insurgentes, el nuevo acuerdo se tramitó de forma expedita. Se acogieron 57 de las 60 observaciones en un documento de 310 páginas.
Otro tema político que requerirá voluntad para su aplicación es el llamado fast track. Se trata de que todas las normas entren en vigor de modo expedito para que el acuerdo sea una realidad. Si la derrota en las urnas del primer documento con un No mayoritario reflejaba los reparos de una parte de la sociedad a las concesiones para la guerrilla, supuso también una derrota política para Juan Manuel Santos.
La victoria legislativa de la semana que terminó, es un pendón a exhibir en la siguiente campaña electoral por la U – el partido que lidera Santos, frente a su opositor, el ex Presidente Álvaro Uribe, de Centro Democrático.
Pero esto recién empieza. Si en el año van más de 80 dirigentes de izquierda asesinados vuelve el fantasma de los sucedido con Unión Patriótica, los asesinatos de sus dirigentes y dignatarios (4 000) y sus líderes Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo.
La paz no es fácil de concretar.
La justicia transicional no convence a las personas cercanas a las víctimas inocentes de una guerra que deja 250 000 muertos en 50 años. Cargos políticos sin pasar por las urnas, zonas donde los ex combatientes sean protegidos por el Estado y una entrega de armas de las que siempre quedará la sospecha de su inventario real son temas complejos.
Quedan huellas de otras fuerzas ilegales como el ELN, cuyo proceso de paz se espera reanudar en enero en Ecuador y la duda de que los que solo saben hacer la guerra adopten otras formas de violencia. Son grandes retos para Colombia.