José Ayala Lasso

Colombia-Nicaragua.

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24 de November de 2012 00:03

El 19 de noviembre, la Corte Internacional de Justicia puso fin a la disputa entre Colombia y Nicaragua sobre algunas islas y espacios marítimos en el Mar Caribe. El procedimiento judicial se inició en 2001 y ha tomado once años en ser resuelto.

El fallo reconoce la soberanía de Colombia sobre islas, islotes y cayos del archipiélago de San Andrés, tal como lo sostenía Colombia, pero entrega a Nicaragua considerables espacios marítimos ricos en pesca y recursos minerales, al Este del meridiano 82, mencionado en el Tratado Esguerra-Bársenas suscrito en 1928, que Nicaragua resolvió desconocer y cuya validez fue admitida por la Corte Internacional en 2007.

A pesar de que el fallo de la Corte ha dado la razón, parcialmente, a las dos partes litigantes, Nicaragua ha reaccionado considerándolo una victoria para sus intereses y Colombia se ha manifestado insatisfecha y ha rechazado algunas de sus conclusiones.

Lo primero que hay que celebrar es que esta larga disputa haya sido resuelta utilizando uno de los métodos de solución pacífica de controversias: el recurso judicial. La Corte de La Haya forma parte del sistema jurídico creado en la Carta de la ONU y es el órgano encargado de decidir conforme al Derecho Internacional las controversias entre Estados y de emitir opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas sometidas por órganos o instituciones especializadas de la ONU. La progresiva madurez de la sociedad internacional concuerda con el creciente respeto a sus instituciones. Otros dos países latinoamericanos -Perú y Chile- tienen sometida una disputa a la Corte Internacional.

Nicaragua ha dicho que el fallo “no podía ser mejor”. Colombia, en cambio, estaba segura de no perder ninguna porción de las islas y cayos, basada en otro fallo de la Corte Internacional, de 2007, pero aceptaba la posibilidad de que se reconociera en favor de Nicaragua alguna “pequeña porción” de mar. Para Bogotá surge una situación difícil . Conocida es su histórica tradición de respeto al derecho, como lo ha recordado el presidente Santos quien rechazó, sin embargo, algunas partes de la sentencia aduciendo que están basadas en errores graves. Su gobierno no va a "descartar ningún recurso o mecanismo que nos conceda el derecho internacional para defender nuestros derechos" y añadió que el Congreso debe pronunciarse sobre la sentencia porque consagra cambios en los límites de Colombia.

El fallo es de obligatorio cumplimiento, inapelable. No será fácil para Santos manejar esta compleja situación tomando en cuenta que, al mismo tiempo, está dirigiendo las negociaciones de paz con las FARC. Esperemos que su visión de estadista le permita tomar las decisiones que más convengan a su pueblo, dentro del contexto de un orden internacional que debe ser respetado.