Milton Luna

Mejía: restitución y sanción

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La vulneración del derecho a la educación de los estudiantes del Colegio Mejía conduciría a dos acciones: la primera, la restitución del derecho, por lo que los chicos deberían retornar inmediatamente a las aulas de su colegio y; la segunda, el inicio del debido proceso para establecer posibles responsabilidades y sanciones a las autoridades educativas que presumiblemente afectaron al derecho a la educación de los estudiantes.

Estas acciones se desprenden de las iniciativas tomadas tanto por Gonzalo Realpe, abogado de los estudiantes expulsados (“reubicados”), cuanto por las declaraciones realizadas por el Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (Compina).

“Según Realpe (EL COMERCIO 27-11-2014), una persona no puede ser castigada dos veces por un mismo delito, sin importar si una sanción es penal y otra civil o académica. Apela a la Constitución de la República para demandar el reingreso de los chicos al Mejía”.

Por su parte, Carla Cevallos Romo, concejala de Quito y presidenta delCompina, el 14 de noviembre del 2014 puso a consideración de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia-Zona Centro, un documento en el que constan un rosario de posibles vulneraciones a los derechos humanos y al derecho a la educación de los estudiantes adolescentes.

El documento delCompina dice: “Criminalización dentro de la institución educativa debido a la decisión del Colegio Nacional Mejía de separar de la institución a los estudiantes mientras se investigaba su responsabilidad, lo que evidentemente vulnera el derecho a la presunción de inocencia que gozan todas las personas…”. “Vulneración del derecho a la educación… al ser separados de las clases presenciales”… “la investigación administrativa está durando más de 60 días y con ello los estudiantes fácticamente ya se encuentran cumpliendo la sanción sin que exista resolución”.

Sigue elCompina: (los estudiantes) “han permanecido con ansiedad, angustia y zozobra respecto a su futuro académico en víspera de su graduación, lo que sin duda provoca vulneración psicológica sobre los sujetos protegidos”… “La Junta Distrital de Resolución de Conflictos decidió realizar las audiencias a cada estudiante en un día, y dado el número de estudiantes, esta investigación pudiera tardar 30 días más, lo cual no solo atenta al principio de oportunidad de la justicia, sino que presume mala fe de aquel organismo para tratar de que los estudiantes permanezcan más tiempo fuera de las aulas donde deben estar”.
De todo esto se desprende la restitución de los derechos de los chicos y el inicio de un proceso que podría conducir a una sanción de las autoridades educativas.

Este punto sería interesante que digan algo la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional.