Abelardo Pachano

De cocinas y ollas

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El Gobierno nacional tiene como uno de sus programas bandera la transformación de la demanda de energía. Construye varias centrales hidroeléctricas cuya puesta en marcha comenzará el año 2016 y en su mayoría culminarán en el 2017. Con esto espera reducir el consumo de combustibles, en especial el diésel, cuyo subsidio es el de mayor calado en las cuentas fiscales, con afectación paralela a la balanza comercial.

Simultáneamente anuncia la eliminación del subsidio de gas, cuya decisión está señalada para el año 2017, fecha en la cual las disponibilidades de hidroenergía demostrarán un superávit que permita utilizarse masivamente en la fabricación de alimentos de los hogares pobres.

La oferta del Gobierno es conseguir de las familias que hoy consumen gas, dejen de hacerlo y en su lugar usen cocinas de inducción eléctrica, mucho más eficiente en el uso de la energía, instalen tomas trifásicas y complementen el equipamiento con ollas especiales para este tipo de cocción. A cambio les ofrece una tarifa eléctrica subsidiada.

El programa radica en aceptar una amenaza como un hecho cierto pero de cumplimiento diferido, a cambio de una realidad. Es decir, el plan busca convencer a los estratos pobres de los beneficios derivados de comprar y endeudarse en bienes, cuyo valor sería de por lo menos 600 dólares (en la versión más barata de los implementos necesarios), más el costo por el cambio de instalación eléctrica (trifásica) aun en el caso de vivir en locales arrendados, y asumir los intereses de la deuda contraída más una planilla de luz que será baja pero no se sabe si equivalente a los 2 o 3 dólares mensuales que hoy paga en gas. El plan ofrece mantener el subsidio en electricidad.

El programa de reconversión espera convencer a tres millones y medio de hogares y para ello ha negociado con varias empresas la fabricación de todos estos bienes. La difusión redujo drásticamente las ventas de las anteriores cocinas a gas, pero empieza a preocupar la falta de una demanda sólida de las nuevas.

¿Será un problema de inicio o temporal? ¿O acaso es un tema real en el cual las expectativas económicas no están alineadas con el objetivo del Gobierno? Lo digo por cuanto resulta difícil entender las motivaciones inmediatas de las familias para participar en algo que lleva a un endeudamiento actual, cuando el posible impacto en su economía por la desaparición de un subsidio recién se dará en un poco más de dos años. ¿No pensarán que es mejor esperar estas complejas decisiones, cuyas derivaciones tienen un alto costo político, ver los detalles para recién ahí entrar en esta conversión de uso de la energía?
Los incentivos para que funcionen deben ser reales, creíbles y motivantes. Cambiar la conducta de los consumidores por decreto tiene bemoles y muchas veces no se lo consigue ni con amenazas. Ahí radica la racionalidad del ser humano.

apachano@elcomercio.org