Andrés Jaramillo

La rendición de cuentas de la Gobernación del Guayas

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La carnetización que hizo Alianza País (AP) apoyándose en las instituciones públicas de las Ferias Ciudadanas -el 9 de julio en Guayaquil- centró la mirada pública en Marcela Aguiñaga, vicepresidenta de la Asamblea y directora de AP en el Guayas. Y en menor medida también en las carteras de Estado o corporaciones que participaron.

Pero no son los únicos que deben responder dentro de la investigación que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelanta por el posible uso de bienes y recursos públicos con fines políticos y electorales.

La Gobernación es la que se encarga, en cada provincia, de la organización de esos encuentros con la ciudadanía. Define las fechas de realización y envía las invitaciones a las otras carteras de Estado que deben participar en cada Feria Ciudadana.

El CNE debe determinar cuál fue la participación del gobernador del Guayas, Julio César Quiñónez y su equipo en este caso. Además si contó o no con la venia de la estructura del Gobierno.

Hay que recordar que el 10 de junio del 2016, en el Consejo de Autoridades del Ejecutivo Desconcentrado, Gobernadores, Jefes y Tenientes Políticos del Ecuador, que se hizo en Quito, el presidente de la República Rafael Correa pidió a las autoridades de las provincias que sean más activas en lo político para enfrentar a la oposición.

Y un día después, en el Enlace Sabatino, les advirtió que ellos (gobernadores, tenientes políticos, jefes) no han ganado concurso para llegar al cargo y que son funcionarios de libre remoción. “Por eso cuidado alguien se me despiste. Todo funcionario del Gobierno debe ser un técnico altamente político y un político altamente técnico”, comentó el Primer Mandatario.

AP, como cualquier otra tienda política, tiene el derecho para trabajar con sus bases y sumar respaldos. Pero siempre en apego al Código de la Democracia, que prohíbe la utilización de recursos públicos para hacer campaña electoral.