Marcelo Ortiz

El CNE y el Consejo de Participación

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Los asambleístas de Montecristi parece que no intuyeron siquiera que al crear el Cpccs, se autoeliminaron como portadores de la soberanía popular. Dejaron estampado un panorama consecuente con el liderato presidencial absoluto, sin que podamos siquiera investigar, qué círculo de asesores o qué fuente doctrinaria constitucional haya concebido la destrucción del poder electoral.

Ahora, en sesenta días más, al concluir por parte del Consejo Nacional Electoral -entidad designada por el Cpccs- la elección para un nuevo período de cinco años de todos sus siete consejeros, ese Quinto Poder seguirá siendo producto de un concurso claramente antidemocrático, porque no proviene del sufragio universal. Su capacidad electiva es tan grande, porque designan: al Consejo de la judicatura; a la Corte Nacional de Justicia; al Contralor; al Fiscal General; al Procurador; al Consejo Nacional Electoral, y a su Tribunal Contencioso, al defensor del pueblo y a los cinco superintendentes: Bancos, Compañías, Comunicación, economía popular y al de Poder del mercado.

En concreto, quitaron a la representación popular de los movimientos y partidos políticos que integraba el Congreso, hoy Asamblea, esa capacidad electora, pasándola a siete personas de estrecha vinculación al poder presidencial.

La nómina exhibida de triunfadores por parte del CNE, después del secretismo de las carpetas de más de un centenar de concursantes, confirma a personas vinculadas al poder político e institucional, tales como Edwin Jarrín, exasesor del presidente Correa, con el mayor puntaje que asegura será el presidente del Cpccs; Tania Pauker, esposa de Carlos Viteri asambleísta por Alianza País; Doris Gallardo, exdirectora del Consejo de la Judicatura; Raquel Yolanda González, exsubsecretaria de Gestión de la Política; Tito Astudillo, exasesor del Ministerio de Inclusión económica y social; Luis Burbano, exsubsecretario de Gestión Política, y Juan Peña, docente de la Universidad de Cuenca. Tal el desprestigio que tienen los concursos con apariencia de oposición y méritos de candidatos de organizaciones sociales y de la ciudadanía. ¿De cuáles entidades, se preguntará el pueblo?

Esta es una prueba del poder absoluto presidencial que aprobó la Constitución vigente. Por eso, las fuentes informativas que deben tener los movimientos y partidos de oposición a nivel nacional y provincial, ya debieron haber recogido elementos doctrinarios sobre esta situación, para denunciar que este proceso electivo no está generado en las bases de la ciudadanía, sino en un concurso, al cual solo le faltaría levantar una tarima apoteósica para que desfilen los triunfadores, al estilo de aquellos de belleza femenina.

Ahora, deberán ser pacientes los ungidos, para que concluya la fase de impugnación del 22 de mayo al 14 de junio, y esperar a mediados de julio su posesión en la Asamblea Nacional.