14 de May de 2010 00:00

El ciclista

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Pablo Ortiz García

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Como consecuencia de lo que me ha sucedido en varias oportunidades, y que el sábado pasado a eso de las 06:30 me volvió a ocurrir, me puse a pensar ¿qué se entiende por corrupción? El Diccionario de la Lengua Española, en su acepción 4, la define como: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellos en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. En Wikipedia encontré lo siguiente: “La corrupción política es el mal uso público (gubernamental) del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. El término opuesto a corrupción es transparencia”.

¿Qué me sucedió el sábado anterior? Subía a Quito desde Cumbayá muy temprano en la mañana, para practicar un deporte. Al intentar rebasar a dos autos del Estado conducidos muy lentamente y con luces intermitentes, uno de los pasajeros me hizo, cortésmente, una señal de disminuir la velocidad (yo no manejaba a más de 50 kilómetros por hora). No entendía. Unos metros más adelante un par de ciclistas (uno de ellos un influyente funcionario del Gobierno), en su bicicleta, utilizando media vía, pedaleaba hacia Quito practicando su deporte. Metros adelante de él, una moto de la Policía le abría paso entre los poquísimos vehículos que transitaban casi al amanecer.

Mientras me dirigía al parque La Carolina, me preguntaba si usar personal de seguridad y vehículos del Estado, para funciones no oficiales, ¿es corrupción? La Constitución dispone la obligación de “administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción”. La Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por Ecuador, incluye como corrupción el aprovechamiento doloso de bienes públicos.

El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría describe entre las facultades del Contralor la de evaluar la adquisición, custodia, conservación y utilización de bienes y recursos públicos.

Luego del análisis legal, leí lo expresado por el doctor Rodrigo Borja en la Enciclopedia de la Política, respecto a la corrupción. “El poder descansa sobre un sistema de creencias. La corrupción gubernativa' erosiona la autoridad, afecta la credibilidad de los órganos del poder y se convierte en una de las acechanzas más peligrosas contra la gobernabilidad democrática”.

Ratifiqué la idea de que hacer deporte es muy saludable y necesario, pero también concluí que no es legal que para ello se empleen bienes públicos y servidores del Estado, cuya función no es la de cuidar deportistas, por más buenos, sanos, hábiles, inteligentes e influyentes que sean.

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