¿Q uien le puso al Yasuní-ITT en el escenario, como un paso interesante y novedoso en favor de la humanidad que cada vez enfrenta más problemas ecológicos por culpa, entre otros del “oro negro”, ese petróleo bendito y maldito que le cayó al Ecuador -por buena y mala suerte- en los tiempos del general Bombita? Uno de los cientos de anuncios gubernamentales en la TV nos lo recuerda.
Fue el Jefe Rafael en persona. Lo hizo ante la ONU, en el 2007, con un perdurable discurso, poniendo de relieve las ventajas singulares de evitar la explotación petrolera en ese gran parque de la Amazonía ecuatoriana. Oportunidad en la que se planteó una compensación económica, correspondiente más o menos, al 50% de los ingresos que podría obtener el país en caso de extracción normal. El expresidente Mahuad y el expresidente de la Asamblea Alberto Acosta habían tenido antes alguna figuración en el tema. Pero el Presidente llevó la palabra y, sin duda, lo hizo con entusiasmo, considerando que se trataba de un tema grato para el Ecuador y bueno para el globo terráqueo.
Fue cuando el Yasuní-ITT (Ishpingo, Tiputini y Tambococha) saltó a la fama. Se trataba, sin duda, de una zona privilegiada que merecía un tratamiento especial y de una idea que brotaba de un país más bien pequeño y no de las grandes potencias mundiales que realmente causan daños al ambiente y eluden las compensaciones. El Ecuador no ha sido un país popularmente interesado por la ecología pero el “caso Yasuní” fue tomando cuerpo, como nunca antes había sucedido. Se conformó una comisión calificada -Fander Falconí, Roque Sevilla, Yolanda Kakabadse…- y el tema tuvo repercusión internacional cuando fue difundido por todos los confines, destacando la importancia de la propuesta.
Lo que sucedió en el 2010 es materia de acusaciones entre el Presidente y los comisionados. Ellos y su labor -que registraba avances- fueron objetados y terminó sus funciones, dando paso a la etapa de Ivonne Baki, generalmente con informes optimistas pero cada vez con menor credibilidad del público hasta que Correa informó de “una de las decisiones más tristes de mi vida”. Dio por terminada la propuesta y anunció la próxima explotación del Yasuní. Surgieron las protestas y, sobre todo en la Asamblea, las adhesiones. En los sectores relacionados con la ecología y en varias agrupaciones juveniles no se duda en acusar al gobernante por el desenlace del proceso y relacionarlo con el alto gasto público y la necesidad de mayores recursos.
La posible consulta popular es el tema de moda y casi tiene ya una fecha. Está lista la pregunta opositora, que aparece como una protesta y una expectativa, con la convicción de que Correa ha perdido terreno. Pero la posición oficial cuenta con muchos respaldos: la contribución presidencial y aliancista con toda su maquinaria, el apoyo de los alcaldes y la limitada adhesión popular a los temas ecológicos.