Defender la “soberanía alimentaria” es tomar las medidas necesarias para que la población cubra su dieta básica con fuentes locales de producción y dependa menos de los vaivenes del mercado externo para cubrir esta necesidad vital.
El nuevo paquete impositivo afectará gravemente ese objetivo estratégico –tantas veces proclamado por este Gobierno– porque las empresas y personas que producen, distribuyen y venden alimentos y bebidas sufrirán un perjuicio que podría resultar excesivo para ellas.
No solo se trata del impuesto a las bebidas azucaradas que, de un día para otro, subirá en 341%, según dice la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (Anfab). De ahora en adelante, todos los alimentos que tengan algún grado de procesamiento también deberán pagar dos puntos adicionales de IVA; es decir, se encarecerán en 1,8% de un solo plumazo.
La industria alimenticia es estratégica en cualquier sociedad, no solo porque nos da de comer todos los días sino también porque emplea recursos de una base productiva muy diversa: para ella trabajan el pequeño agricultor que produce verduras y el dueño del micronegocio que expende bebidas.
También participan las grandes cadenas de supermercados, los distribuidores mayoristas y un vasto ejército de profesionales –ingenieros, biólogos, nutricionistas, publicistas– que dan servicios a este sector.
La suerte de todos ellos y mucho más de los pequeños agricultores y los dueños de micronegocios depende de que la demanda de alimentos sea robusta. A diferencia de las grandes empresas, estas últimas no tienen el músculo financiero ni las habilidades comerciales para sobrellevar reducciones fuertes en sus ventas.
Según la Anfab unas 22 000 tiendas de barrio desaparecerán con el advenimiento de este nuevo impuesto. Es que el 70% de sus ingresos proviene de la venta de bebidas azucaradas y cerveza, dos productos que serán más caros de ahora en adelante.
La industria agroalimentaria produce casi la mitad del PIB manufacturero y se nutre de insumos locales por alrededor de 1 500 millones de dólares anuales. El encarecimiento de los alimentos y las bebidas reducirá la demanda de aquellos insumos, restando dinamia a toda la economía del país.
Las posibilidades de la agroindustria, un sector clave para el desarrollo equitativo del Ecuador, se reducirán seriamente con este nuevo paquete de impuestos. Difícilmente se harán más inversiones en este sector que utiliza mucha mano de obra poco calificada y, ahora mismo, con ninguna posibilidad de encontrar empleo.
La retórica soberanista ha quedado en nada tras la debacle del modelo populista del Gobierno. Estas medidas, y las que vengan luego, solo buscarán ingresos para cubrir las inmensas necesidades de liquidez que se crearon estos años.