César Augusto Sosa

El Gobierno ‘sabe’ más que los afiliados al IESS

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El Gobierno cree que los afiliados al Seguro Social son incapaces de administrar sus propios recursos cuando pierden su empleo. Y nadie mejor que el IESS -cuyo déficit actuarial ha venido en aumento- para corregir eso.

Actualmente, si un afiliado pierde su empleo puede pedir al Seguro todo lo que haya ahorrado en el fondo de cesantía, el cual funciona como un seguro de desempleo. La decisión de qué hacer con el dinero está en manos del afiliado, quien sabrá cómo manejarlo en función de sus necesidades.

Esta libertad de los afiliados para disponer de sus ahorros queda limitada con el proyecto de ley que hoy empieza a tramitarse en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea.
Según este proyecto, el afiliado ya no podrá retirar la totalidad de sus recursos ahorrados en el fondo de cesantía a los 60 días de quedarse sin trabajo, como sucede hoy.

El Gobierno le obligará ahora a esperar cuatro meses para acceder solo a una parte de sus ahorros, pues considera que el afiliado debe recibir sus recursos en cuotas mensuales y por cinco meses.

Pero el Régimen también considera que hay que ser solidario y obligará al afiliado a destinar en el futuro la tercera parte de sus aportes por cesantía a un fondo común para el desempleo, al cual accederá solo cuando se quede sin trabajo. Si tiene la suerte de seguir trabajando no volverá a ver esa tercera parte de sus aportes.

Para el Gobierno, el afiliado es bueno para generar ahorros, pero es un incompetente para administrar su dinero. Y, además, es susceptible de engaños por parte de entidades privadas. Con este argumento, a mediados del 2015 pasó al Biess la administración de siete fondos previsionales privados, por supuestas irregularidades que nunca transparentó. USD 440 millones significó esa movida, sin consultar a los dueños de la plata.

Y a fines del año pasado, sin mayores estudios ni consultas, decidió cubrir el déficit en salud con la plata del fondo de pensiones.