Miguel Rivadeneira

Certezas y no incertidumbres

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21 de julio de 2014 00:05

La aprobación de leyes exige responsabilidad y la necesidad de crear certezas y no más opacidad e incertidumbres, más aún cuando se trata de normas muy delicadas como las económicas.

Establecer absoluta claridad, generar confianza y no dejar abiertas posibilidades a la interpretación y discrecionalidad de las autoridades en su aplicación, que pudieran afectar a los ciudadanos.

Ese es el caso del proyecto de Código Monetario, que no puede dejar dudas en temas sensibles como la vigencia de la dolarización, la responsabilidad de las autoridades por acción u omisión, la provisión y gestión de moneda electrónica. Los fondos e inversiones del seguro social, que pertenecen a los afiliados y a los jubilados y son distintos de los del Fisco y ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas ni menoscabar su patrimonio, como señala la Constitución. Las regulaciones de las operaciones crediticias, el manejo de los seguros y reaseguros. La posibilidad de disponer que las divisas provenientes de las operaciones que la Junta determine ingresen obligatoriamente al país y establecerá multas en caso de incumplimiento por el mismo monto, entre otras disposiciones.

La Constitución, art. 82, ampara el derecho a la seguridad jurídica que se fundamenta en el respeto a esta y en la existencia de normas previas y claras. El art. 11 dispone que ninguna norma podrá restringir el contenido de los derechos y garantías constitucionales. Si no hay claridad se puede generar desconfianza e inseguridad jurídica en una sociedad que no deja de vivir entre saltos y brincos y hay quienes que como no les llega no se interesan en conocer, lo cual es irresponsable.
No cabe decir repetidamente unas cosas y hacer otras cosas. Por ello la necesidad de poner una redacción precisa e inequívoca, que no permita hacer malas interpretaciones ni abra espacio para las dudas. El problema inicial está en las causas y no buscar culpables en los efectos. Además, todas las autoridades están obligadas a despejar inquietudes en los medios. Unas lo han hecho y otras no.

Existen normas que se aprueban y que ni siquiera entran en vigencia y ya se proponen cambios. El caso del nuevo Código Integral Penal, publicado en el RO 180 del 10 de febrero último, que debe entrar en vigencia recién el 10 de agosto próximo. Ni siquiera rige y ya se incluye una reforma en el Código Monetario.
Hay tantas reformas que se introducen a alrededor de 20 leyes y códigos de distinta índole. Algunas a leyes antiguas que necesitan actualizarse pero también a otras nuevas, aprobadas en esta administración y por tanto vigentes recientemente. A esto se suma la derogatoria de leyes y decretos (31), entre ellas algunas que constituyeron avances y que fueron fruto de luchas permanentes. La Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia y la Ley del Fondo para el Desarrollo de la Infancia.