Enfoque internacional

Cepo a la libertad de prensa

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26 de March de 2013 00:02

La libertad de prensa en las Américas sigue siendo motivo fundamental de preocupación para las entidades que agrupan a los principales medios, ya que las presiones de muchos gobiernos del continente multiplican y reinventan constantemente su acoso al periodismo. Recientemente, en sus conclusiones de la reunión de Puebla, en México, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) volvió a destacar la violencia y el acoso gubernamental como elementos de constante agresión contra el periodismo en el continente.

Asimismo, la SIP consideró imprescindible hacer un llamado a aquellos gobiernos que practican las normas de una democracia republicana -libertad de expresión, división de poderes, independencia de la justicia, garantías individuales de los ciudadanos y alternancia de los partidos en el poder- sobre los peligros que entraña un mismo modus operandi de prácticas antidemocráticas que no respeta fronteras ideológicas en el hemisferio occidental, pero especialmente en la Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Coincidentemente con esta posición, el viernes pasado, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) -en su informe titulado "La prensa y el mensaje de Francisco", sobre el nombramiento del cardenal Jorge Bergoglio como papa- denunció nuevamente la amenaza contra los medios independientes por el boicot publicitario, "derivado de las amenazas del Secretario de Comercio contra los principales anunciantes", que pone en riesgo "la supervivencia de toda empresa periodística que pretenda informar con libertad".

Estas voces no son las únicas que se han manifestado con respecto a la libertad de expresión. Al presentar su balance del estado de la libertad de expresión y de prensa en el 2012 en la Argentina, la Fundación Libertad de Expresión + Democracia (LED) denunció su preocupación por el "gran aumento en las agresiones a medios de comunicación y periodistas".

Los responsables del trabajo señalaron que los datos recopilados arrojan un incremento de 250 por ciento de situaciones de violencia contra el periodismo, lo que incluyó, como agravante, que durante el 2012 varios periodistas fueron detenidos, un hecho que no ocurría desde hacía varios años, dijeron. Al fundamentar las imputaciones del informe, los denunciantes afirmaron que la ley de medios, "tal como lo hemos advertido desde su tratamiento en el Congreso, tiene como objetivo la implementación de una voz única en el país, que es la voz del Gobierno. La adquisición de medios por parte de empresarios cercanos al oficialismo y los cambios que se han producido en ellos son un ejemplo de ese objetivo buscado por el Gobierno".

Un capítulo se centra en la pauta oficial publicitaria "como herramienta de coerción".