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16 de December de 2011 00:02

La Ministra de Educación ha sido llamada a juicio político. Algunas de las acusaciones de ese juicio son muy graves y, ciertamente, se refieren a asuntos de violación constitucional y legal, así como de ineficiencia y mal manejo que deben provocar su censura.

En este caso particular, no se trata de un cuestionamiento global al Gobierno, sino de un reclamo puntual y preocupado, sobre el cumplimiento de leyes vigentes que se han aprobado justamente en esta administración y de la desviación de un proceso de cambio de la educación, iniciado exitosamente hace algunos años. No cabe duda de que el campo educativo ha sido objeto de grandes esfuerzos. Bajo la administración del ministro Raúl Vallejo se incrementó la inversión en infraestructura y personal, se implantó la evaluación, se inició una reforma curricular, entre otras cosas. Eso marchaba bien. Pero con el cambio ministerial, varias cosas comenzaron a ir mal.

Tal ha sido el caso de la reforma del bachillerato, que se lleva adelante con un plan inconsulto e inconveniente para el país, a pesar de la oposición fundamentada de la totalidad de los actores educativos. Se ha dicho una y otra vez que el currículum que se está aplicando elimina el estudio de Geografía e Historia del Ecuador, que han sido remplazados por un entrevero de contenidos difusos que no toman en cuenta la identidad nacional y latinoamericana. Se ha destacado la eliminación de la Cívica, la Realidad Nacional y la Educación Ambiental. También se ha advertido la ausencia de disposiciones operativas que faciliten la reforma y la implantación de un nuevo bachillerato.

La inmensa mayoría de quienes hemos impugnado el modelo de reforma del bachillerato, hemos defendido la necesidad de un bachillerato general. Pero bien hecho. Que recoja las necesidades del país y e inclusive cumpla con los postulados de carácter nacional, patriótico y latinoamericanista que el Gobierno ha enunciado repetidamente.

Pero si la Ministra merece censura, también lo merece un interpelante que, por desgracia, transformó una comparecencia ante la comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional, en un espacio de insultos burdos y ofensivos, no solo contra la funcionaria procesada y otras de su cartera ministerial, sino contra la dignidad de las legisladoras y hasta de la mayoría del magisterio nacional, que justamente está compuesto con mujeres.

Precisamente porque hemos cuestionado a la Ministra y su deplorable reforma del bachillerato, es importante que hagamos esta pública condena a los actos de violencia verbal y agresión de su interpelante, que carecen de justificación, y nada tiene que ver con un debate parlamentario en que no solo debe prevalecer la preocupación educativa, sino también los buenos modales.