Alfredo Negrete

La Cenicienta

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14 de July de 2011 00:01

Debe haber consenso en que la más vulnerable de las funciones del Estado es la administración de justicia ya que es el ámbito donde se juzgan los casos relacionados con la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Generalmente sus miembros superiores no son elegidos directamente y lo son por parte de las otras funciones de claro origen político. Por lo tanto, de no existir una madurez institucional, producto de una auténtica democracia y una respetada normativa jurídica para la selección y fiscalización de magistrados y jueces, la historia de la justicia en cualquier país sería similar a la que registra el Ecuador. Es probable que en tiempos pretéritos cuando no existía la actual dinámica de intereses particulares y políticos la situación no era tan grave como cuando irónicamente se recuperó la democracia.

A grandes rasgos durante este periodo primero se designaron magistrados por lapsos limitados por el Congreso. Fue tan política la nominación de los jueces de la Corte Suprema que una vez un Presidente de la República ordenó cercar el edificio de la Corte Suprema con tanquetas de la Policía, a fin de negociar el nombramiento de los magistrados.

Un segundo momento fue cuando el pueblo aprobó en referéndum un sistema –primera vez que tenía alguna participación el llamado soberano– para elegir mediante comisiones calificadoras a un nueva corte suprema. Este método fue burlado groseramente por el Congreso. Luego la Constitución de 1998 declaró vitalicios los cargos de los magistrados supremos y estableció el régimen de la cooptación para cubrir las vacantes. Tan históricas garantías y facultades fueron violadas moralmente por la mayoría de los magistrados que incluso se reunieron sin pudor –revisar fotografías de EL COMERCIO de la época- con el ciudadano más influyente del país. Terminó todo cuando entre gallos y medianoche fueron defenestrados por la ‘Pichi Corte’.

A continuación de otros entreveros llegamos -con el pretexto de la inseguridad- a un referéndum en el que se consultó al pueblo sobre temas jurídicos de estricta incumbencia doctrinaria para legitimar a una troika que, bajo la égida del poder del Ejecutivo, reorganizará y juzgará durante 18 meses, incluida la campaña presidencial de por medio. Es evidente que en su época, comparado con esto, el famoso yerno y Charlie eran niños de pecho.

Sin embargo, antes de que se instalen estos sabios o verdugos tripartitos, ya existen síntomas de la injerencia en la justicia en los casos de los sindicados por el 30-S. Es así que con todo desparpajo, que no consta en autos como se dice en la jerga procesal, la retaliación y la venganza pública son manifiestas. Por eso, en este caso, la Cenicienta –la justicia- no solo perderá su zapatilla, sino el resto de sus prendas y correrá desesperada en busca de la carroza que ampare su desnudez.