Sergio Muñoz

Castigos a los represores

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6 de agosto de 2014 00:05

Sergio Muñoz Bata
El Tiempo, Colombia, GDA

Después de un período de relativa calma en la tormentosa relación diplomática entre Estados Unidos y Venezuela, nuevos sucesos han mostrado que el trato entre ambos países sigue siendo ríspido.

Primero vino la solicitud estadounidense al Gobierno de Aruba de capturar y extraditar al general Hugo Carvajal, nombrado cónsul de su país en la isla, pero todavía no acreditado, acusado de narcotráfico. Aruba difirió el asunto al Gobierno de Holanda, que desoyó la solicitud estadounidense y liberó a Carvajal.

Luego, el anuncio de que la Casa Blanca impondrá restricciones a las visas de funcionarios venezolanos que visitan EE.UU. por su participación en la brutal represión. El tercer golpe viene en camino. Los senadores Robert Menéndez y Marco Rubio han introducido un proyecto de ley que congelaría los bienes que estos funcionarios tienen en EE.UU. El canciller venezolano, Elías Jaua, ha declarado que se trata de una nueva ofensiva del “imperialismo”. Tonterías. La verdad, como me dice el experto en Venezuela Michael McCarthy, es que “la preocupación por el narcotráfico y las violaciones de los derechos humanos ha sido una constante de la política de esta administración. La circunstancia es también adecuada para mandar un mensaje porque estamos en un momento de ‘baja intensidad’ en el que las protestas han perdido vigor, el diálogo en Unasur está prácticamente terminado y la oposición y el chavismo debaten internamente su composición organizacional”.

Javier Corrales, profesor en Amherst College, me dice: “No creo que las sanciones sean el camino por seguir, serán contraproducentes. El Gobierno de Venezuela siempre está al borde de la confusión interna y estas sanciones solo ayudarán a unificar y reunir a los disidentes, que es lo peor que podría sucederle a la oposición. Sin embargo, si hay que aplicar sanciones, enfocarlas a quienes tienen vínculos demostrables con acciones ilícitas es mucho mejor que tratar de sancionar al Gobierno en su totalidad”.

Yo discrepo. Lo justo, creo, habría sido enjuiciar en Venezuela a los militares, ministros, procuradores de justicia, gobernadores, paramilitares, militares y policías responsables de haber matado a más de 40 personas y herido, encarcelado, golpeado o torturados a miles de ciudadanos que protestaban por la creciente ola de criminalidad, la escasez de alimentos, la espiral inflacionaria, las violaciones de la libertad de expresión, de prensa y de reunión. Desafortunadamente, eso es imposible en la Venezuela actual. El amañado sistema de justicia que Hugo Chávez implantó impide juzgar a los miembros de su represivo sistema.

Aplaudo el anuncio de la Casa Blanca de imponer restricciones a las visas de los funcionarios venezolanos. Concuerdo con Menéndez y Rubio, para que los represores sientan el rigor de la ley habría que utilizar todos los recursos legales para congelar sus bienes.