Farith Simon

Castigos y democracia

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Hay decisiones judiciales que desnudan un estado de cosas, evidencian la forma en que puede usarse el derecho penal y la justicia (y obviamente la fuerza pública), para enfrentar a los disidentes, a los críticos, en nombre de la estabilidad, del orden público, de la seguridad. Vigilar y castigar son un binomio perfecto para disuadir a quienes quieran manifestar sus desacuerdos con el poder.

Las recientes condenas dictadas en contra de María Luisa Lozano y Servio Amable Angamarca, por un Tribunal de Garantías Penales de Loja, cumplen una función simbólica: evitar parecidas expresiones de rechazo y de protesta. Como sucedió en su momento con las sentencias en contra de los autores del libro ‘El Gran Hermano’, el diario El Universo y Emilio Palacios, con penas excesivas se busca disuadir, impedir que otros expresen su descontento o difundan ideas incómodas para el poder.

El Estado con estas condenas advierte así: castigará con dureza a quienes usen esta forma de protesta. El mensaje llega con claridad, no se necesitan muchas sentencias. Son suficientes pocos casos -cuidadosamente seleccionados- para dejar en claro al servicio de quién se pone la justicia.

El aparato de comunicación oficial nos contará que de los 29 saraguros procesados, luego de las movilizaciones de agosto del año pasado, la mayoría han sido absueltos (12 esperan por el juicio); que todos estos procesos se han llevado como respuesta a la comisión de conductas tipificadas como delitos, que no se sanciona la protesta, se sanciona un delito, que las condenas son el resultado de la aplicación de normas jurídicas vigentes; que tenemos una justicia reformada, con jueces electos por méritos y fiscales profesionales. Sin embargo, las condenas a María Luisa y Servio son contradictorias con un principio básico de un derecho penal con pretensión democrática: la proporcionalidad de la pena.

Asumamos por un momento que los dos son culpables de lo que se les acusa (hay información de que no es así), ahora comparemos con la sanción dictada en dos casos recientes de relevancia pública: sentencia de un año por lavado de activos; 8 meses por trama criminal en los pases policiales. María Luisa y Servio han sido condenados a cuatro años por el cierre de una carretera.

Las sanciones desproporcionadas ponen en evidencia a jueces y fiscales dispuestos a ejercer de verdugos. Dureza en el castigo y sensación de indefensión, dos de los elementos centrales para provocar miedo.

La justicia hace rato se puso al servicio de la política y del poder. Esto no significa que no existan jueces que cumplen con su trabajo de forma profesional y busquen hacer justicia con sus decisiones, este es un problema de carácter estructural, que supera a los individuos y sus buenas intenciones.

Este caso nos recuerda la verdadera razón de los ataques a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: impedir que estos procesos judiciales sean examinados posteriormente a la luz de las obligaciones internacionales en materia de DD.HH.