Sebastián Mantilla

El caso Odebrecht

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Vuelve a ser noticia el tema de la corrupción. Ya no por el caso de enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada que se sigue a ex funcionarios de PetroEcuador sino al pago de millonarios sobornos que entre el 2007 y el 2016 la empresa brasileña Odebrecht habría realizado a algunos funcionarios para conseguir contratos de obras.

Esta información reposa en un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En este informe, el cual forma parte del juicio que se sigue en los Estados Unidos en contra de los directivos de la firma Odebrecht y su filial BRAKEM, se confirma el pago sobornos a autoridades, políticos y funcionarios públicos de Brasil, Argentina, Venezuela, Angola, Mozambique, Guatemala, México, Panamá, República Dominicana, Perú, Colombia y Ecuador. Como resultado de estos actos ilícitos, la firma constructora obtuvo beneficios por más de USD 1400 millones. En el caso de Ecuador, la suma asciende a USD 33,5 millones. Por ello la compañía tuvo un beneficio de USD 116 millones.

Todo esto se realizaba, según consta en este documento del Departamento de Justicia, a través de una “División de Operaciones Estructuradas”. Los pagos se hacían en efectivo o a través de transferencias de empresas relacionadas ubicadas en paraísos fiscales.

Pese a la gravedad de estas evidencias, la reacción del presidente Rafael Correa ha sido penosa. “El gobierno ecuatoriano no aceptará la versiones de los directivos de la Odebrecht”, dijo en un comunicado del pasado lunes. En lugar de pedir una pronta y exhaustiva investigación en lo que se perfila como uno de los casos más grandes de corrupción conocidos en América Latina, Correa tiende a desestimar, con la finalidad de que no le afecte a su imagen y proyecto político.

De igual modo, la presteza con que han actuado en este caso las instancias de fiscalización y control como fiscalía, contraloría y procuraduría ha sido decepcionante. Eso se concluye al comparar con las acciones que han tomado otros países de la región. En el caso del Perú, la Fiscalía solicitó información a su par de Brasil en julio de este año (nuestro fiscal lo acaba de hacer recién en días pasados). A más de ello, la Procuraduría peruana ya tiene un expediente completo de este caso, recibido de parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

En Colombia, la Fiscalía cuenta con un grupo de tres fiscales de alto nivel y 20 investigadores para seguir la pista de este escándalo de corrupción, el cual no solo se extiende al actual gobierno sino incluso al de Álvaro Uribe.

En el caso FIFA-Gate, si no hubiese sido por la acción de la justicia norteamericana, todo habría quedado en la impunidad.
Ante estas graves falencias de nuestro sistema de fiscalización y justicia, el cual ha brillado por su ausencia en estos 10 años de gobierno, la perspectiva que se tiene no puede ser más que pesimista. Otro motivo para hacer valer nuestro voto.

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