La condena unánime del Tribunal Supremo del Reino de España que destituyó al juez español Baltasar Garzón y lo inhabilitó para la magistratura suscita reflexiones sobre su figura y trayectoria, y sobre las reacciones que ha provocado.
Tan admirado como cuestionado, Garzón era rebelde e inconformista, y le costaba mantenerse dentro de los cánones que gobiernan la conducta del juez. El alto perfil y su deseo de figuración colisionaron con la prudencia, máxima virtud de los magistrados, y en ocasiones lo llevaron a equivocarse y hasta justificaron alguna intervención disciplinaria.
Garzón tenía tres procesos abiertos: el primero, por excederse en una investigación sobre las muertes del período de Franco; el segundo, por un eventual cohecho al aceptar una remuneración de 160 000 euros por actividades académicas en Nueva York patrocinadas por una institución bancaria a la que investigaba en su juzgado y que, luego del cobro, fue sobreseída; y el tercero, por interferir las comunicaciones de sus procesados con sus abogados. Este último fue el único que llegó a sentencia, pues el primero fue desestimado, y el segundo, considerado prescripto.
En este caso, Garzón fue separado por ser hallado culpable de afectar uno de los pilares del Estado de Derecho: el derecho de defensa. Como dijo un alto representante de la abogacía española: “El Supremo confirma así que el derecho de defensa es un elemento nuclear para que los ciudadanos tengan un proceso con todas las garantías”.
Es elemental que los jueces sean juzgados con la misma actitud que la justicia que deben impartir, es decir, con los ojos vendados. Ni la simpatía o antipatía que despierta su persona ni su prestigio deben influir en la decisión final. Disculpar faltas por su alto perfil implicaría no juzgar a todos con la misma vara y sería la negación misma de la justicia.
Para bien y para mal, Garzón siempre excedió el marco de actuación de un magistrado. Una altísima exposición incompatible con su investidura sugería que planeaba utilizar el cargo como trampolín para otros cargos, lo que efectivamente ocurrió en 1993, cuando abandonó la Justicia para incursionar en la política. Luego de hacer la experiencia, volvió a la Justicia.
Garzón ha sido universalmente identificado como un defensor de los derechos humanos, pero para lograr ese prestigio optó por saltearse muchos códigos remedando aquellos policías ‘justicieros’ que ignoran las normas para castigar a los delincuentes. Pero nunca el fin puede justificar los medios. El deber principal de un juez es juzgar desde la perspectiva del Derecho apegado a los criterios que la norma dicta y ajeno a sus afectos.