Carlos Jaramillo

Sopladora a la venta

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El Presidente de la República anunció que se prepara la venta de varios activos fijos del Estado, entre los que constan la central hidroeléctrica Sopladora, el Banco del Pacífico, CNT, Flopec y los canales incautados TC Televisión y Gama TV.

Así mismo se ha dado a conocer que también serían puestas a la venta las centrales hidroeléctricas Manduriacu y Ocaña.

Sopladora habría sido negociada ya con una empresa china, pero, como es costumbre, aún no se han dado detalles. Esta central está ubicada entre las provincias de Azuay y Morona Santiago, al suroriente del país; tiene capacidad de 487 mega watios y su costo asciende a 800 millones de dólares más cien millones por la construcción de la carretera de acceso. El Eximbank de China otorgó un crédito de 571 millones para esta obra, con interés de 6.35%, a 15 años plazo.

El primer paso para la construcción de Sopladora se dio el 9 de abril del 2007, cuando el entonces Ministro de Energía y Minas de este Régimen y ahora opositor, Alberto Acosta, firmó el contrato de concesión a la empresa pública Hidropaute.

Quien fuera también Presidente de la Asamblea Nacional recuerda que el Primer Mandatario, mediante decreto ejecutivo, delegó a su primo Pedro Delgado para que obtenga el mencionado crédito del banco chino. Y, desde luego, se adjudicó el contrato para la ejecución de esa obra al consorcio Gezhouva Group Company-Fopeca, del Imperio asiático. Hubo retraso en el plazo estipulado para la entrega pero ya están en funcionamiento sus tres turbinas.

El Presidente enfatizó también que, “dadas las circunstancias imperantes, tenemos que vender una central hidroeléctrica y otros activos fijos; si bien son sectores estratégicos, se puede hacerlo legalmente hasta el 40%, para que haya una balanza pública-privada…” y reiteró que esos fondos serán destinados para la reconstrucción de los daños ocasionados en las provincias de Manabí y Esmeraldas por el terremoto del 16 de abril.

Acosta, conocedor a fondo estos y otros asuntos de la Revolución Ciudadana, de la que fue uno de sus mentores, comentó que la enajenación total de esos activos estratégicos sería inconstitucional y que, con las ventas anunciadas se está abriendo la puerta para las privatizaciones; que se está liquidando el patrimonio nacional; que luego harán falta dichos activos; y que es pretexto aquello de que se destinarán esos fondos para la reconstrucción de los daños ocasionados por el terremoto, ya que, en realidad, se utilizarán para tapar la brecha fiscal existente.

Un consultor internacional en planificación estratégica advirtió que existen razones técnicas que imposibilitan la enajenación de Sopladora, ya que no es un proyecto independiente, sino parte del complejo de generación eléctrica que incluye Paute y Mazar.

Habrá que esperar con positivismo que se manejen con acierto y transparencia estos negocios millonarios.