Carlos Jaramillo

Brasil: ¿golpe o proceso legal?

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Una amplia mayoría de diputados y senadores de la República Federativa de Brasil separó de sus funciones, por seis meses, a la presidenta Dilma Rousseff. Esta, al igual que sus partidarios, consideran que se trató de un “golpe de Estado”; en cambio, los legisladores que tomaron esa medida, como paso previo a la destitución definitiva, sostienen que se ciñeron estrictamente a la Constitución.

Luego de multitudinarias manifestaciones, a lo largo y ancho del país, en las que se exigía la salida de la señora Rousseff, por acusaciones de participación en “el mayor escándalo de corrupción y tráfico de influencias en la historia de Brasil”, desde cuando ejerció la Presidencia de Petrobras, cargo para el que fue designada por su mentor Luiz Inácio Lula da Silva, antes de que sea Presidenta de la República.

Se calcula que el monto de tan estrepitoso latrocinio asciende a miles de millones de dólares. Sin embargo, el controversial cese de funciones de la Presidenta no se fundamentó en ese delito sino en “crimen de responsabilidad”, por ocultar el déficit fiscal cuando fue candidata a la reelección, maquillarlo y cubrirlo con cuantiosos préstamos de bancos del Estado.

Numerosos empresarios y políticos prominentes, entre ellos el propio Lula da Silva y muchos de los actuales senadores y diputados, han sido involucrados en esta red de sobornos y tienen cuentas con la justicia. Incluso el flamante Presidente de la República, a quien le será muy difícil gobernar por esta causa, que se refleja en el masivo disgusto popular, que ya es visible.

Ante la grave crisis heredada, el Gobierno interino del gigante de América del Sur ha adoptado, en forma urgente, el “cambio de rumbo” y un programa de rigurosa austeridad, que incluye la reducción de la burocracia y la supresión de 8 de los 32 ministerios de la anterior administración. (Solo como referencia, Ecuador, uno de los países más pequeños del continente americano, en superficie y población, tiene algo así como 40 ministros, bastante más de 100 viceministros y subsecretarios, seis superintendentes, etc.).

Lo cierto es que el país del carnaval y la samba atraviesa una situación política, económica y ética desconcertante, que preocupa en especial a las naciones sudamericanas, dada su influencia regional.

El pintoresco Mandatario de Venezuela llamó de urgencia a su Embajador en Brasilia y expidió un decreto “de excepción y emergencia”, que fue desaprobado de inmediato por la Asamblea de su país, “por inconstitucional y disparatado”.

Nicolás Maduro acusó al Secretario General de la OEA de estar al servicio de la CIA estadounidense; en respuesta, Luis Almagro lo calificó de traidor y de dictadorzuelo, mientras que el expresidenre de Uruguay, José Mujica, dijo que Maduro “está loco como una cabra”.

Excentricidades del socialismo del siglo XXI, del que “mediocres y corruptos” y malquerientes diagnostican que ya está “clínicamente muerto”.