Gonzalo Ruiz

Caricatura de la libertad

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La sanción a Xavier Bonilla, Bonil, es otro duro golpe que sacude al espíritu democrático y libre de la sociedad ecuatoriana en tiempos difíciles.

No hay elemento de comunicación más directo y efectivo para transmitir la opinión que la caricatura. Los lectores lo pueden corroborar cada día en las páginas de los diarios sin que se requieran más explicaciones.

A esta altura abundar que la caricatura que originó el expediente y la sanción se refería al ídolo futbolístico Agustín Delgado, pero en su calidad de legislador en funciones y nunca a su condición socioeconómica ni a su origen étnico no hace falta.

En la misma noche de la sanción a Bonil, justo en el prólogo del feriado de Carnaval, se conoció otro veredicto del ente sancionador y controlador de los medios: el referente a un supuesto linchamiento mediático atribuido a Teleamazonas en la figura polémica del muchas veces reelecto presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga.

Estas dos sanciones son parte de una saga de varios e inagotables expedientes e informes adobados de lenguaje jurídico-técnico, que solamente demuestran que la intención de aprobar una ley con las características tantas veces advertidas como las de comunicación, era tener a los medios libres y a los periodistas, con la espada de Damocles de una autoridad implacable y cercana al poder, vigilándolos con lupa.

Las innumerables cartas de los funcionarios oficiales de mediano rango y poco brillantes luces que llenan los espacios de los periódicos solo desenmascaran la carencia de cultura autocrítica y de tolerancia de quienes ocupan espacios burocráticos y hacen méritos ante sus superiores para mostrar que están alineados al proyecto sin reflexión propia ni disidencia alguna.

Para pulsar la advertida aplicación de los rigores de la Ley Orgánica de Comunicación bastaría que los ciudadanos, haciendo uso de su legítimo derecho a acceder a la información, pidan el listado de los expedientes abiertos en la Superintendencia de Comunicación, estudien algunas de las causas sustanciadas y se den cuenta de la nueva especialidad que afrontan los medios y sus abogados para evacuar las más inverosímiles peticiones que allí se procesan.

Como si esto fuera poco, las cadenas ordenadas para interrumpir programas de radio y televisión con la supuesta ‘verdad oficial’ de varios funcionarios que no aceptan debates ni entrevistas críticas son una afrenta a la libertad de la gente, no de los periodistas ni de los medios, sino de televidentes y oyentes que tienen la madurez y esperarían que se respete su capacidad para elegir opciones informativas y los espacios de opinión preferidos sin tutela alguna que se intente imponer desde el poder.

Para caricaturistas, columnistas de opinión (que la propia Ley exige que se respete en su libertad) y el periodismo: cadenas, sabatinas infamantes, algunos insultos hasta expedientes y sanciones. Para el poder: vía libre para denigrar sin opción de defensa alguna a los que piensan distinto.