Marianela Jarroud

Cárceles de América Latina

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En los sistemas penitenciarios de América Latina las personas presas conviven con la inseguridad, el hacinamiento extremo e incluso la muerte, lo que contradice en los hechos un gran logro de la región: la abolición de la pena de muerte en prácticamente todos sus países.

“La pena de privación de libertad puede transformarse en muchos países latinoamericanos, en la práctica, en una pena de muerte”, sentenció Amerigo Incalcaterra, representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

La abolición legal de la pena capital es de larga tradición en la región y, de hecho, Venezuela fue el primer país del mundo en hacerlo, en 1863, y Costa Rica el tercero, en 1882. Actualmente, solo dos países la mantienen en su legislación: Cuba y Guatemala, y su última aplicación se produjo en 2003 en la isla caribeña.

Sin embargo, este avance contrasta con la realidad al interior de las cárceles latinoamericanas, donde la situación actual es muy grave según expertos y organizaciones de derechos humanos.
Altos niveles de violencia, numerosas muertes y delitos que ocurren al interior de los presidios, y gravísimas violaciones a derechos humanos, son algunos de los componentes con los que se enfrentan día a día las personas privadas de libertad en la región, denuncian.

“En América Latina existen problemas crónicos que afectan a los sistemas carcelarios y que no han sido adecuadamente enfrentados ni mucho menos resueltos por los estados”, añadió el italiano Incalcaterra en entrevista con IPS.

Coincidió en ello la peruana Olga Espinoza, coordinadora del Área de Estudios Penitenciarios del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile, para quien los sistemas penitenciarios latinoamericanos se encuentran en crisis.

“El último informe del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo entrega datos muy concretos sobre la situación de sobrepoblación, de hacinamiento, de sobre representación de presos preventivos, de frágil institucionalidad en muchos países y dificultades en la implementación efectiva de programas de reinserción social”, precisó Espinoza a IPS.

Entre los casos de mayor gravedad está Venezuela, donde la violencia al interior de las prisiones es generalizada, con enfrentamientos con uso de armas de fuego, explosivos y otras armas, destacaron los especialistas.

Con una población penitenciaria de 53 000 personas, las autoridades venezolanas han reconocido a Acnudh la muerte de 402 reclusos en los 11 primeros meses de 2014. El organismo sitúa la sobrepoblación carcelaria del país en 231 por ciento, aunque el gobierno local defiende que en 87 por ciento de los centros del país no hay hacinamiento.

IPS