Miguel Macías

Caos jurídico

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14 de July de 2011 00:01

La justicia en nuestro país es caótica, prueba de ello es lo que está sucediendo actualmente con el Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), a quien un juez penal lo destituyó y un juez de flagrancia lo restituyó en sus funciones.

Lamentablemente, el art. 86,4 de la Constitución (reforzado por el art. 30 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional), da lugar a este último caos institucional, ya que permite que un juez de primer nivel, como el Ab. Coba, pueda destituir inclusive hasta al Presidente, lo cual sería completamente absurdo y que, de llegar a ocurrir, acrecentaría más el caos jurídico en el que nos encontramos.

Es imprescindible derogar el art. 86, el cual está sobre cualquier sentencia dictada por la Corte Constitucional (CC), como aquella que establece que ningún juez puede destituir a un funcionario por no acatar una sentencia de medidas cautelares. En materia de justicia constitucional, solo la CC debe ser el único organismo facultado para imponer sanciones a servidores públicos cuando estos violen el ordenamiento jurídico constitucional.

Con relación al caso del coronel Tapia, en mi opinión, la actuación del juez ad-hoc del Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha, fue ilegal dado que actualmente no cabe la designación de jueces ad-hoc.

Solo se pueden elegir a jueces temporales, previo concurso de oposición y méritos, del banco de funcionarios elegibles que debe formar el CJ, y que por sorteo debe escoger a jueces de la misma especialización cuando se trate de reemplazar a otros de igual rango, pues no cabe que un juez penal reemplace a un juez de niñez, ni viceversa.

Considero que el banco de elegibles, a más de ser conformado por quienes intervinieron en concursos de oposición y méritos para ser designados jueces, debe conformarse también por profesionales recomendados por las facultades de Derecho de las principales universidades del país.

Considero necesario derogar también el art. 269, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, el cual dispone que al Presidente del CJ le corresponde nombrar y remover libremente a servidores de la Función Judicial provisionales, facultad que debe corresponderle al Pleno de dicha institución.

El Ministro del Interior no puede convertirse en el árbitro dirimente en la pugna entre los jueces Coba, Lara y Cevallos, pues ello atenta contra la independencia de la Función Judicial.

Aparentemente, este último caos se inicia porque el CJ se negó a contratar a una Universidad chilena para evaluar a los jueces y fiscales del país, y aunque ésta fue finalmente contratada por el Ministerio de Justicia, el CJ se negó a entregarle la información requerida sobre los servidores judiciales e inclusive, restringió el ingreso de los auditores contratados a los Tribunales de Justicia.