8 de June de 2010 00:00

Caos judicial

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
Federico Chiriboga V.

Un Estado de Derecho no es tal si no cuenta con un sistema de administración de justicia honesto, independiente y capaz.

La crisis de la justicia viene de lejos, desde que los agentes políticos intervinieron en su organización e hicieron de ciertos jueces instrumentos del poder.

La Constitución de Montecristi vino a complicar más la situación, por la forma inconsulta de integrar la Corte Nacional y por las atribuciones que confirió al Consejo de la Judicatura: órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, permitiendo interpretar que es la cabeza de la misma.

Y el Consejo así se ha considerado, a punto tal que ha sancionado jueces por el contenido de sus fallos, interviniendo en una potestad excluyente de la administración de justicia.

Confiemos que la Corte Constitucional, al que el Presidente de la Corte Nacional ha formulado una consulta, limite el alcance de la norma correspondiente del Art. 178, estableciendo de una vez por todas que el Consejo de la Judicatura es un organismo de administración, obligado a respetar la independencia de los órganos jurisdiccionales.

En la estructura piramidal de la Constitución se crean una serie de eslabones para acumular los poderes en la cúspide: así, el Consejo de Participación Ciudadana designa a los miembros del Consejo de la Judicatura y ya hemos visto como se conforma el de Participación, con personas afines al gobierno y, en algunos casos, con militantes activos vinculados a uno de los Ministros.

Si el Consejo de la Judicatura, a título de vigilar e imponer disciplina, cuestiona la sentencia de los jueces, contaremos con una institución de origen político y dependiente del poder controlando la función judicial.

Muy disminuida ya con la acción extraordinaria de protección, creada para garantizar el debido proceso, pero que pronto y fácilmente degenerará en recurso.

Ante el silencio de los colegios de abogados y de la propia Corte Nacional, el Director General de Rentas, en declaraciones a la prensa, manifestó que una sala del Tribunal Fiscal tenía redactada una sentencia que condenaba al pago de millonarios impuestos a una compañía.

Esa tal sala se encontraba incompleta, posesionándose uno de los conjueces un día jueves, para firmar con los otros dos una sentencia de cincuenta páginas el lunes siguiente, confirmando así los anuncios del Director del SRI.

Y el Presidente de la República en las cadenas sabatinas exige a los jueces fiscales que dicten sentencia favorable al Fisco, con indicación de nombre y apellido de los contribuyentes que confiaron en el debido proceso y en el Tribunal Fiscal para que dirima en derecho las controversias tributarias.

Por este camino, los jueces administrarán justicia a nombre del Ejecutivo y no del pueblo.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)