Carlos León Andrade

Candidatos: evaluación psiquiátrica

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Columnista invitado
En tiempo de elecciones, no es raro que la prensa busque entre los profesionales de la salud mental, opiniones sobre los candidatos. La inquietud surge del concepto que la sanidad mental de los dirigentes es fundamental, ya que de esta dependen decisiones y actitudes que van afectar e influir en la vida de muchas personas.

Sin embargo, los psiquiatras o psicólogos consultados, enfrentan la dificultad de hacer diagnósticos en base a la imagen pública de los políticos. El hacer un diagnóstico psiquiátrico toma mucho tiempo y sesiones, en las cuales se explora a un paciente, y éste hace un esfuerzo por abrirse ante un profesional. El diagnóstico a la distancia, fácilmente, podría ser equivocado y hasta provocar daño a los involucrados o sus familias. La Regla Goldwater, fue establecida en 1973 en Estados Unidos, por la Asociación Psiquiátrica Americana. Esta regla, señala como una falta de ética, que sus miembros emitan diagnósticos de figuras públicas, si antes no se ha realizado una entrevista personal y autorizada.

La regla Goldwater surgió a raíz de una encuesta, dirigida a psiquiatras, sobre si el candidato a la presidencia Barry Goldwater estaba mentalmente apto para asumir la presidencia. Más de mil psiquiatras consideraron que no; Goldwater decidió seguir un juicio a la revista que realizó y publicó la encuesta, y la ganó.

Dudo mucho que un político se someta a una evaluación para determinar su estado de salud mental. Por lo tanto, la mayor parte de las opiniones que se viertan sobre él o ella, van a estar basados en la imagen pública.

Sin embargo, hay que reconocer que en el momento actual, el material que se puede obtener de una figura pública, es enorme, debido a la proliferación de videos, comentarios en redes sociales y demás, que aportan a la construcción de una “persona”, con suficiente documentación para emitir un comentario.

Hay psiquiatras que piensan que con un responsable análisis de documentación pertinente, es más que suficiente para poder emitir opiniones científicamente documentadas, ya que incluso con una entrevista personal sin adecuada documentación ni colaboración, se corre el riesgo de no llegar a un diagnóstico acertado.

En cuanto a si es o no necesario esta evaluación, hay sectores que opinan que así como se hace una declaración de bienes materiales, se haga una declaración juramentada sobre el estado general de salud que incluya su salud mental y el historial de tratamientos médicos y psiquiátricos previos.

La justificación a esta medida es que, la salud física y mental de los gobernantes debería ser de dominio público, pues alteraciones, en uno u otro rubro, determinarían capacidades o incapacidades para asumir tan graves responsabilidades.