Arturo Moscoso Moreno

La cancha inclinada

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Cuando Levitsky y Way definen su concepto de “autoritarismo competitivo” - un tipo de régimen hibrido en el que existen instituciones democráticas formales, pero que son violadas por los funcionarios públicos con tanta frecuencia que no califican como democracias-, utilizan la definición procedimental de democracia de Dahl, pero le suman un atributo adicional: “la existencia de un campo de juego razonablemente nivelado entre los funcionarios titulares y sus oponentes.”

¿Por qué razonablemente? Porque en las democracias es usual que ciertos funcionarios intenten conservar su cargo utilizándolo para obtener ventajas frente a quienes se lo disputan, pero estos abusos no llegan a minar significativamente la capacidad de la oposición para arrebatárselo en una elección.

En los autoritarismos competitivos el campo de juego está absolutamente desnivelado a favor de los funcionarios titulares, de tal forma que, aunque la oposición tenga la opción de competir, sus opciones de ganar son mínimas.

El campo de juego es desigual cuando: 1) existe abuso de las instituciones estatales para fines partidistas; 2) los funcionarios titulares son favorecidos a expensas de la oposición; y, 3) la capacidad de la oposición para organizarse y competir está seriamente disminuida.

Tres aspectos del campo de juego desigual son los más importantes: el acceso a los recursos, a los medios y a la ley.

En el acceso a los recursos, la desigualdad está presente cuando los funcionarios usan al estado para crear o mantener diferencias en su acceso, lo que socava la capacidad de competir de la oposición. En cuanto a los medios, se da en el poco acceso o cobertura que se le da a la oposición. En lo referente a la ley, cuando quienes ejercen justicia están evidentemente parcializados a favor del oficialismo.

En el reciente proceso electoral se utilizó indiscriminadamente el aparato estatal en apoyo a la candidatura oficialista; se usaron medios supuestamente públicos para promoverla, mientras atacaban a la candidatura de oposición; y finalmente, tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Contencioso Electoral le han negado a la oposición la posibilidad de hacer un recuento total de votos en unas elecciones altamente cuestionadas por la falta de independencia y credibilidad del organismo electoral.

Y así, como se preveía, el CNE confirmó al Licenciado Moreno como ganador de la segunda vuelta, pero sin haber podido desvirtuar ninguna de las sospechas de fraude que han rodeado al proceso, tanto por las irregularidades detectadas en el conteo de votos como por el campo de juego desigual en el que ha debido actuar la oposición, no sólo ahora, sino en los 10 años del autoritarismo competitivo de la “revolución ciudadana”.

Lo más grave es que, con estos resultados, la cancha seguirá estando inclinada.