Enrique Echeverría

Cambio en el transporte

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6 de julio de 2014 18:42

Cuando el Alcalde de Quito dispone el estado de emergencia para el transporte municipal, la pregunta necesaria es: ¿por qué se ha llegado a semejante situación? El Banco del Estado asignó 15 millones de dólares para mejorar el sistema de transporte metropolitano, pero esos recursos han sido reembolsados, en abril pasado, al declararse desierta la adquisición de unidades.

De ese modo, a la nueva administración municipal le correspondería –como está aconteciendo- afrontar el servicio con un parque automotor bastante deficiente y obsoleto.¿Cuánta incidencia para arribar a situaciones como esta tendrían las dificultades legales y burocráticas que -disponiendo del dinero- no se hayan adquirido vehículos nuevos?
La actual administración municipal de Quito deberá preocuparse en profundidad de tanta regulación legal, pues impide que la tarea del Municipio sea más eficaz; derogándola, reformándola, sustituyéndola para tornarla más ágil. Así como está, resulta causa de estancamiento y atraso.

Cuando uno ve el caso de una construcción familiar con crédito bancario prácticamente terminada, pero que en la Municipalidad no despachan la declaración de propiedad horizontal; y no es posible instalar servicio de luz, que torna imposible arrendar una parte, o venderla para satisfacer el crédito del banco, mientras los dividendos del crédito no esperan y hay el riesgo de embargo, se concluye que los trámites en la Municipalidad deben reducirse, para que no transcurra un mes tras otro sin resolución.

Merece aplauso la decisión de renovar unidades de trolebús; de poner en servicio otras una vez rehabilitadas; y que se establezca la vigilancia policial para que haya seguridad de los pasajeros. Estos, hoy por hoy, viajan en condiciones extremas, debido a que un trolebús dispone de un metro cuadrado para cinco pasajeros, pero en la realidad viajan entre nueve y 10.

En ese apretujamiento, los ladrones hacen su agosto; e individuos enfermos se solazan manoseando a las mujeres indefensas, lo cual no se puede ni se debe permitir. ¡Los sátiros deben estar en la cárcel!

Los conductores no pueden oponerse al ingreso de cuanta persona quepa en la unidad; así como tampoco de vendedores ambulantes, peticionarios de ayuda económica con los más diversos pretextos, inclusive de ayuda para tratamientos de enfermedades.

En estos nuevos propósitos deberán coincidir y actuar las altas autoridades del Municipio. Quienes tienen vehículo propio; o, mejor, vehículo público con servicio de chofer incluido, deberían viajar por lo menos una vez en bus público o en trole, para constatar la gravísima dimensión del maltrato que hoy reciben los pasajeros, en Quito. Así podrán servir mucho mejor al “noble pueblo” al que invocan en épocas electorales en búsqueda de sus votos, que los convierte en “autoridad competente”.

Enrique Echeverría G.
eecheverria@elcomercio.org