2 de January de 2011 00:00

Cambio productivo

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Jorge Gallardo

Se acaba de aprobar el Código de la Producción (CP) que tiene como objetivo sentar las bases para implantar en el país un nueva estrategia productiva. Entre los enunciados de la ley, se establece como prioridad transformar la matriz de producción fomentando actividades con mayor valor agregado, potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y en la innovación y así dejar de depender de materias primas, bienes intermedios y tecnología importada. Los fines que se pretenden alcanzar con la ley son por demás ambiciosos que de cumplirlos lograría transformar la base productiva del país. Otro de los fines es el de construir una sociedad de propietarios, productores y emprendedores. Estos objetivos son los que sustentan la base productiva de los países más desarrollados, los mismos que se han encargado, a través de las políticas públicas, crear sociedades en donde el emprendedor asume riegos y se lanza al mercado con una nueva idea basada en innovaciones tecnológicas que revolucionan los mercados y hacen a las economías más productivas. Por eso, estimular a los ciudadanos para que se conviertan en emprendedores y propietarios de sus negocios es un objetivo que además de generar beneficios privados, genera empleo formal y permanente y contribuye al financiamiento del Estado. Uno de los fines que ha traído algo de controversia es el de la sustitución estratégica de importaciones, ya que se la compara con el modelo fracasado de los años 50. Esta propuesta hay que considerarla en su conjunto, con el objetivo de promover la producción de bienes con alto valor agregado que permita diversificar la oferta exportable y los mercados. Sin embargo, para no caer en el mismo error del pasado, no solo hay que promover la sustitución de importaciones de bienes finales, sino encadenar la producción a la provisión nacional de materias primas y bienes intermedios. El CP fija como política fomentar la actividad productiva promoviendo la competitividad con la provisión de bienes públicos, como la infraestructura, educación, salud, sectores en donde se han invertido altas sumas de dinero en los últimos 4 años. La ley introduce el concepto de Zonas Especiales de Desarrollo Económico, como zonas aduaneras para que se asienten nuevas inversiones que se las somete a un tratamiento especial de comercio exterior, tributario y financiero. El gran ausente de la reforma es el sector financiero que debería constituirse en uno de los pilares de la nueva estrategia promoviendo la creación de un Centro Financiero Internacional para contar con recursos para financiar las iniciativas privadas. Las reglas están definidas, y ahora dependerá de los inversionistas aprovechar las ventajas que le plantea este nuevo marco legal.

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