2 de May de 2010 00:00

Cálculo y ética

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Julio Echeverría

Las pretensiones de Alianza País para alargar lo más posible su permanencia en el poder no han sido un secreto para nadie. El Presidente y los miembros de esta organización saben perfectamente que no podrán dar continuidad a su proyecto por mucho tiempo si no cumplen con dos condiciones: una, demostrar resultados positivos en la gestión de gobierno; y dos, contar con un movimiento político consolidado y movilizado. Ambos objetivos resultan, en las actuales circunstancias, difíciles de alcanzar.

Por eso, en la cita que mantuvieron los miembros del buró de Alianza País en Salinas, en marzo pasado, el debate se centró en cómo mejorar las perspectivas del movimiento en estos dos aspectos. En el primer tema, el de la necesidad de mejorar la eficiencia gubernamental, la cita de Salinas derivó en la ya conocida crisis de Gabinete. La novedad de este recambio de ministros consistió en la intención de reforzar el perfil tecnocrático de sus miembros, y apretar las tuercas principalmente en las áreas del manejo de la política económica y de los sectores estratégicos (petróleo, agua y minería). Pero no se trató de un cambio de modelo, sino de una profundización de sus principios fundacionales: el Ministro de Petróleo dejó su puesto porque no había sido lo suficientemente duro con las petroleras; el Ministro de la Política Económica porque no había sido lo suficientemente firme con los banqueros. No se evidencia en estos cambios ninguna intención de apertura ni de flexibilización del rígido modelo estatista.

En el segundo tema, la estrategia consistió en fortalecer lealtades y atraer a la disidencia. El buró político identificó el riesgo de aislarse progresivamente de quienes dentro de la organización tienen una identificación más ideológica con el proyecto. Si la intención era darle al movimiento una fuerte estructura orgánica que permitiera procesar su diversidad interna, esta ha sido escamoteada por la coyuntura: las diferencias en torno a la Iniciativa Yasuní, las divergencias alrededor de la Ley de Comunicación o la Ley de Aguas, y el archivamiento del juicio al fiscal Pesántez, han generado fisuras irreductibles al interior de Alianza País. Un conflicto entre la ética y el cálculo político, entre la intención de institucionalizar procedimientos, de promover la transparencia en el enfrentamiento a la corrupción y recuperar para la Asamblea la capacidad de fiscalización; y la maquinación y el cálculo político que sacrifica estas dimensiones por la consecución de un “proyecto” que permanece en el horizonte, inalcanzable y etéreo.

La opción tecnocrática, en este contexto, solo puede contribuir a la entronización del poder carismático que hace del cálculo depredatorio su único mecanismo de acumulación de poder.

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