Gonzalo Ruiz

Cadenas y prepotencia

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11 de julio de 2014 00:00

Una vez más la concepción que tiene el poder del uso y abuso de los medios de comunicación volvió a tocar teclas muy sensibles.

La Asamblea Nacional, urgida por el Ejecutivo, trata, con el tiempo en contra, un voluminoso proyecto de un tema delicado: El Código Monetario y Financiero. Es importante. La gente requiere de confianza en las instituciones bancarias que permitan operaciones dinámicas y seguras.

Para tratar el tema se organizó un programa de televisión en el espacio que conduce Carlos Rabascall, y que se emite semanalmente en la pantalla de TC, uno de los canales incautados que maneja de forma directa el Régimen.

Hasta aquí todo parecería ‘normal’, tanto por el equlibirio de los invitados que expresarían ideas distintas sobre el polémico instrumento legal y una conducción correcta como acostumbra Rabascall.

Lo curioso de todo es que el Gobierno ordenó a los canales Ecuavisa y Teleamazonas retransmitir el programa de un canal que, se supone, compite con ellos.

Ecuavisa, en su derecho, reprodujo el espacio bajo protesta y Teleamazonas lo hizo en un espacio diferido.
La reacción oficial no se dejó esperar. Vino el calificativo de prepotente para la estación televisora que expresó su protesta por la imposición.

El referido episodio refleja de cuerpo entero la visión controladora y autoritaria que se tiene desde el poder de los temas de la agenda de los medios de comunicación y es una admonición seria de aquello que pudiera ocurrir si la tesis gubernamental de declarar a los medios de comunicación como servicio público tiene luz verde para propiciar el cambio en la Constitución.

Una democracia madura requiere de distintas visiones del tratamiento de la cosa pública. Se esperaría que convivan sin problemas los medios privados e independientes que recaben criterios plurales de los actores políticos, económicos, gremiales y sociales sobre los más diversos temas de la vida nacional.

Los medios públicos debieran existir. Los medios gubernamentales no cumplen ese papel de públicos. En ambos casos podrían reflejar las diferentes corrientes de opinión para que los lectores, oyentes y televidentes saquen sus propias conclusiones.

Lo que ocurrió con la orden gubernamental de retransmitir un programa -que no vi - y sobre el que reitero lo atilado de su conducción, pese a estar en un canal que maneja el Régimen, es caminar sobre la peligrosa cornisa del control de los contenidos, de los debates y las agendas lo que destruye los resquicios de expresión libre que persisten en la sociedad pese a la innegable presión y amenaza de la Ley de Comunicación.

Los canales privados y gubernamentales podrían organizar espacios como estos sin imposiciones ni autoritarias cadenas que ya tienen hartos a todos los ecuatorianos y proponer debates abiertos.

El camino escogido ahoga el ejercicio de la libre expresión, base de la democracia.