Desde este mes de marzo está previsto que entre en vigencia en Quito un acuerdo entre la Municipalidad y la dirigencia de los transportistas urbanos. Un buen ejemplo, a confirmarse con su aplicación, que debiera replicarse a nivel nacional.
Lamentablemente, por ahora en este cambio de época, muy difícil debido a que dirigentes del gremio están aliados al poder y la prueba es que incluso son representantes del movimiento oficial en la Asamblea, con lo cual han logrado flexibilizar los controles a los sindicatos a pesar de contar con una nueva Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de avanzada, pero como muchas incumplida.
El acuerdo en la capital tiene sus condicionamientos. Si no mejoran la calidad del servicio, el tratamiento al usuario, la implementación de la caja común que les beneficiará a ellos, entre otros puntos, el compromiso es que no habrá compensación. Este hecho vuelve complejo el tema porque si bien hay que ser optimistas también realistas por los hechos que ocurren a diario.
¿Los choferes estarán bien conscientes del problema, dispuestos a cumplir el compromiso, mejorar el servicio y cambiar radicalmente de actitudes? Basta pararse en las veredas de cualquiera de las calles y avenidas o ir a La Marín para confirmar, todos los días sin excepción, cómo usan los carriles que desean, siguen los correteos a gran velocidad entre las unidades, en medio de la perplejidad de los transeúntes silentes, inobservan las paradas por irrespeto de los usuarios pero también con la complacencia de los conductores, etc.
¿Se habrá capacitado a todos los choferes para que asuman su responsabilidad y sepan que si no cumplen lo acordado afectarán su compensación? No hay que olvidar que no se llegó a autorizar el aumento de la tarifa de 25 centavos precisamente porque el servicio no ha mejorado.
Otro capítulo pendiente es el pedido de los taxistas que también hacen lo que quieren, con honrosas excepciones, paran y atienden un requerimiento si les parece, otros no aplican el taxímetro y la noche cobran la tarifa que les da la gana, sin haber un sustento concreto ni una tabla establecida.
Peor el caos y los abusos en los valles de Los Chillos, de Tumbaco o hacia la Mitad del Mundo.
Hay que estar claros y ser autocríticos en esta problemática porque los conductores particulares no están exentos del problema y complican el tránsito en forma irresponsable. Y pensar que una de las últimas reformas oficiales quitó la obligatoriedad del curso de aprendizaje cuando el problema principal es cultural de irrespeto y desconocimiento de la ley, que no exime de responsabilidades, y la mayoría de accidentes es por impericia.
El control le toca al Municipio, pero el ciudadano debe perder el miedo y contribuir con sus denuncias para identificar a quienes continúan con las malas prácticas, que ponen en riesgo la vida de las personas.
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