Abelardo Pachano

Burbuja pública

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22 de November de 2013 00:02

Por primera vez se utilizan los resultados del censo del 2010 como referencia de la situación laboral nacional. Sin embargo, continúa en vigencia la metodología introducida en marzo del 2007 que tiene cuestionamientos conceptuales, cambió las definiciones fundamentalmente relativas a empleo y desempleo y no estableció el enganche con los cálculos anteriores, por lo cual se perdió la consistencia en la serie histórica.

Al comparar el desempleo abierto con la Población Económicamente Activa (PEA) a fines del tercer trimestre es del 4,6%, pero es de tan sólo el 2,9% si la relación se la efectúa con un concepto poco utilizado antes y conocido como población en Edad de Trabajar (PET) que reúne a todas las personas mayores a 15 años.

De cualquier manera, las cifras oficiales indican la existencia de 215 000 personas que quisieran trabajar, buscan empleo y no lo encuentran; 2 328 000 que tienen empleo y 2 113 000 que tienen empleo pero viven bajo la denominación de subempleados. Del empleo rural nada se dice.

Lo novedoso de la nueva información y los detalles que constan en esta ocasión, es la existencia de más de 900 000 empleados públicos. ¿De dónde sale este dato? Del señalamiento oficial sobre la existencia dentro del mercado laboral de un 20% de empleados que son contratados por el sector público. En la estadística nacional se suman como personas que tienen empleo tanto a aquellos calificados como de empleo pleno y a los subempleados, lo cual da un total de 4 491 000 trabajadores, cuyo 20% arroja esa cifra sustantivamente superior a la que estábamos acostumbrados a conocer sobre el peso del mercado laboral público frente al nacional.

Si la medida de participación del empleo público, que se supone es de características de empleo pleno, se lo realiza sólo con esta parte del mercado laboral, el indicador llega al 38%. (!) Las estadísticas sobre las contrataciones oficiales rondaban en los 535 000 empleados públicos. En la información de la pro forma del 2014, excluyendo al IESS, las empresas públicas y los gobiernos seccionales, que en conjunto fácilmente tienen más de 100 000 trabajadores, se mantenía ese nivel. Es decir, se pensaba en un mercado público total y enorme de un poco más de 635 000 empleados.

Todo este nuevo dato nos lleva a pensar de una forma mucho más prevenida sobre el tamaño alcanzado por el andamiaje estadual en la economía nacional.

La responsabilidad patronal estadual alcanza una dimensión proporcional al doble de lo que era hace pocos años, ofreciendo una dependencia muy marcada de lo que suceda en el empleo en función de las condiciones de las cuentas fiscales, lo cual vuelve más compleja la viabilidad y consistencia de la estructura económica de todo el país en un futuro no muy lejano .