ayúscula sorpresa se llevó Cristina Fernández cuando en octubre 26 una corte de apelaciones de Nueva York ratificó el pronunciamiento del juez Thomas Griesa que la Argentina había violado la cláusula pari passu en sus contratos de deuda, al no pagar USD 1 300 millones a un grupo de acreedores de la República.
El 21 de noviembre Griesa dispone que con el siguiente pago a los tenedores de bonos reestructurados, Argentina debía a su vez pagar a los reclamantes.
La decisión de Griesa puso en apuros al Bank of New York Mellon, el encargado de pagar el 15 de diciembre a los tenedores reestructurados. Si cumplía la orden del juez, incumplía con el mandato argentino. Si cumplía las órdenes de Buenos Aires, incurría en desacato.
Estos reclamantes son inversionistas que a partir del 2001 compraron los bonos a los tenedores originales a precio de quemazón, con el propósito de rechazar el canje de bonos con descuento y mediante hostigamiento, conseguir un mayor precio.
Son inversionistas que por estas latitudes se llaman fondos buitres, y que con la decisión de Griesa cobrarían a la par mientras que quienes aceptaron la durísima reestructuración de Néstor Kirchner, la mayor moratoria de la historia mundial, reciben pago por sólo el 25% del valor nominal.
El caso es importantísimo para el Ecuador, puesto que la moratoria ecuatoriana del 2008 fue un calco de la de Kirchner. Incluso los abogados, Cleary Gottlieb, fueron los mismos.
También hay un grupo de tenedores de bonos que no aceptaron la propuesta ecuatoriana, y quienes por lo tanto pueden aspirar al mismo tratamiento que los acreedores de Argentina.
Coincidentemente, el 15 de diciembre se venció el último plazo para que el Ecuador pague el principal de los bonos 2012, en los que ha estado en moratoria. Como estaba previsto, no pagó y tal parece nadie reclamó.
El caso argentino sería referente a toda futura reestructuración de deuda soberana. Desde que las naciones acreedoras ya no envían a sus navíos de guerra para cobrar deudas, las moratorias se han resuelto dado en los términos impuestos por las naciones deudoras. Pero las condiciones nunca habían sido tan draconianas como en el caso argentino y su secuela ecuatoriana.
Cristina Fernández argumentó que está dispuesta a pagar a los buitres y otros acreedores pero en los mismos términos de la reestructuración original ajustados a la inflación. Así logró la revocatoria de la orden de Griesa.
El paso atrás de Cristina trae complicaciones internas por una ley cerrojo. Pero es la mejor solución. Los buitres no lograrían una ganancia que les justifique tanta espera y gasto judicial.
En el caso ecuatoriano, siendo la deuda menor, no hay buitres volando sobre Quito. Pero es posible que el Ecuador tenga que proceder igual que Argentina.