El reconocimiento al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos y la búsqueda oficial de una cita con la Corte Interamericana para analizar el complejo caso de la comunidad Sarayaku resulta reconfortante, aunque se maneje doble discurso por las reiteradas críticas, desplantes, desaires y pretendidos desconocimientos que se ha hecho a la CIDH. Para unas cosas sirven y para lo que les afecta, nada.
La Corte Interamericana se había pronunciado, a propósito de la explotación petrolera, en contra del Estado ecuatoriano y a favor de esta comunidad amazónica. Más allá de los hechos concretos en torno a la protección de este sector indígena a tres sentenciados por la “ágil nueva justicia independiente” (que contrasta con la lentitud en los casos actuales de corrupción de los come cheques, de la Agencia de Nacional de Transporte, Duzac, Cofiec, Pedro Delgado y otros más), resulta positivo que se reconozca a la instancia internacional, que en principio no debiera ser ninguna novedad porque el país se adhirió al Pacto de San José y como tal debe respetarlo siempre.
Lo preocupante es que se diga y promueva nacional e internacionalmente una acción a favor de la preservación del medioambiente y de manera especial la defensa de la vida pero en los hechos se haga otra cosa. Ese es el caso de la consulta popular solicitada por jóvenes soñadores en su lucha en defensa del parque nacional Yasuní y la no explotación petrolera. Creyeron en el ordenamiento jurídico y en el discurso oficial, se ampararon en la Constitución art. 104 que abre la posibilidad para que la ciudadanía pueda solicitar la convocatoria a una consulta popular. La Corte Constitucional se lavó las manos, en contraste con los pedidos oficiales, y pasó el tema al Consejo Electoral. Más importante fue la consulta de los toros, los gallos y los casinos que la defensa de la vida, del medioambiente y de los pueblos indígenas a los que dicen defender.
Los 758 000 firmantes, aproximadamente, que respaldaron la convocatoria quedaron burlados por simples formalidades esgrimidas por el CNE, con pretextos frente a un derecho constitucional. La Constitución señala que la sola omisión de formalidades no puede sacrificar los derechos y la justicia. ¿Por qué el miedo oficial a una consulta popular? Democracia no solo son triunfos sino saber perder con respeto a los otros.
En los dos casos, si ingresara la Policía a Sarayaku y si queda en nada la consulta popular, resultan hechos impopulares que no se podrán olvidar fácilmente, más aún cuando solo piensan en reelecciones. En el primero, es bueno advertir que pueden suceder hechos lamentables y eso no conviene para la convivencia pacífica de los pueblos, con respeto al ordenamiento jurídico. En el segundo, los miles de jóvenes y quienes se adhirieron se sienten burlados por algo que los propios portavoces oficiales proclamaron al mundo.