Miguel Rivadeneira

Buenas vías, pero claman por agua

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12 de November de 2012 00:01

Visitar provincias y sus ciudades permite confirmar in situ la real situación de las comunidades. Más allá de los discursos, la propaganda oficial y las propias disposiciones constitucionales y legales, que consagran la promoción de un ordenamiento territorial armónico, equilibrado y equitativo, se observan y se oyen quejas y demandas urgentes no atendidas que persisten por décadas. La Constitución dispone que el Estado fortalezca la gestión y el funcionamiento de iniciativas en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, entre otras normas.

Durante el último feriado se pudo escuchar, con ocasión de fiestas cívicas locales y la visita presidencial, reclamos ciudadanos en Bahía de Caráquez, preciosa y apacible ciudad manabita, pero con problemas patentes de agua potable. Peor sucede con la más deteriorada San Vicente, en donde el Alcalde se había esmerado pitando de verde (color político de campaña) el parque del malecón, pero no aplacó los reclamos ciudadanos de servicios básicos, entre ellos el agua potable, y gritos acusatorios de corrupción. Igual sucede con las demandas en la más deteriorada aún Esmeraldas.

Cuando se recorre gran parte de vías se corrobora el mejoramiento y estado óptimo en que se encuentran, pero los servicios básicos no mejoran en las comunidades. Los ejemplos mencionados son patéticos. En el un caso, sistema vial, la responsabilidad la tiene el Gobierno central y en el otro caso, agua potable y servicios básicos, son obligaciones de los gobiernos locales, para lo cual se presupuestan recursos del Estado. Sin embargo, el Código Territorial establece que todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la construcción del desarrollo, justo, equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones territoriales. Todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos ciudadanos, entre otras normas.

Cuando se utiliza el servicio de taxis y se conversa con sus conductores y moradores locales, fuentes directas de la vida diaria de las poblaciones, se reconoce el mejoramiento vial pero reclaman con urgencia la solución de los servicios básicos. La dotación del agua potable es escasa. Esto, incluso, hace quedar mal a la administración central, con alcaldes que ya piensan en la reelección sin siquiera haber mejorado y peor arreglado estas demandas urgentes.

Qué decir del crecimiento del problema de la delincuencia. El caso de Manta. Otras, Bahía, que comienzan a preocuparse por el aparecimiento de asaltos y robos en donde antes casi no existía, en medio de la desidia de la administración de justicia en sus diversos niveles, aunque cuenten en este cambio de época con nuevos locales y edificios, pero con igual o mayor lentitud que antes.